Caracas.- Proteger los derechos de los animales es considerado un trabajo noble en todas las sociedades y es por ello que en los últimos años países de América Latina avanzaron en legislaciones que permitan su resguardo y protección. Venezuela también se incluye en la lista de sociedades que, por medio de leyes, buscan proteger los derechos de los animales.
Así lo ha reiterado en sus intervenciones el Fiscal General de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, que este 2020 se pronunció 37 veces en contra del maltrato animal. El funcionario mencionó los arrestos logrados y un importante esfuerzo para promover leyes que mejoren la defensa de los derechos de mascotas y animales silvestres.
Tarek William Saab ha dado información sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público contra el maltrato de mascotas como perros, gatos y conejos, y hasta la fauna silvestre, como la cacería de jaguares en Zulia, la muerte de un manatí o el alcoholizar hasta la muerte a un mono capuchino. En cada uno de los casos mencionados, el despacho que dirige logró captura y condena durante el último año.
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“Soy fiel creyente de que alguien mata o tortura a una mascota o a cualquier animal doméstico: puede hacer lo mismo con una persona”, responde Saab en un tweet a otro usuario.
Sin embargo, en el caso de las denuncias por violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, las menciones o pronunciamientos que ha tenido el fiscal, al menos en sus redes sociales, han sido nulas. El Pitazo no pudo constatar en las plataformas oficiales del MP algún pronunciamiento, ni siquiera este 3 de enero, cuando falleció en la cárcel de El Rodeo II Salvador Franco, miembro de la etnia indígena pemón encarcelado desde finales de 2019 y señalado de estar involucrado en el asalto a un cuartel militar en Santa Elena de Uairén.
A Franco la oposición venezolana lo considera un preso político del gobierno de Nicolás Maduro. Sufrió durante meses de problemas médicos como anemia, bajo conteo de plaquetas y desnutrición, así como de enfermedades gastrointestinales. Además, también presentó síntomas de COVID-19.
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Por todo esto, un juez dictó el pasado 27 de noviembre la orden de trasladarlo a un centro médico para que fuese atendido y tratado, hecho que nunca ocurrió.
A la fecha, el fiscal de Maduro no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la vulneración de sus derechos humanos al serle negada la atención médica oportuna, más allá de haber sido sentenciado por cargos de terrorismo casi un año después de su detención.
