Familiares de presos políticos piden libertad a Michelle Bachelet

La visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, prevista para este miércoles 19 de junio comienza a generar reacciones y expectativas.

Aunque se anunció una agenda con varias personas y ONG, los familiares de presos políticos esperan ser atendidos y escuchados por la alta comisionada. Pero más allá de eso, esperan, como principal exigencia, que Bachelet interceda por ellos y sean liberados en su totalidad.

Según el director de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente hay 715 personas privadas de libertad por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro: 95% de ellos sin juicio.

Romero señala que, como organización de derechos humanos deben exigir lo que debe ser la visita de la funcionaria:

-La libertad plena y sin restricciones.

-Cese de la persecución política.  

-Se le permita acceso real y libre a las cárceles y a que pueda conversar directamente con las personas detenidas.  

Considera que es una visita “limitada”, ya que solo serán dos días y además, está circunscrita a Caracas.

Romero no sabe si la visita será simbólica. Expresó: “Lo que no es simbólico, lo que es real, es que hay presos políticos torturados, enfermos. Bachelet viene aquí y tiene una obligación con el mundo porque es la alta representante, la que vela por los derechos humanos en el mundo”.

El director de Foro Penal agrega que no tiene quejas con la misión que envió Bachelet hace dos meses, que ha mantenido reuniones con las víctimas.

La voz de las víctimas

Ofelia Aguado, es hermana del doctor William Aguado, quien tiene más de un año detenido.

Según Ofelia, su hermano fue torturado, tiene un desprendimiento de un riñón, un tímpano no le funciona y sufre de la presión.

“A Bachelet le diría que no es justo que mi hermano tenga más de un año detenido y no haya tenido atención médica”, dijo Ofelia. Invitó a la ciudadanía a acompañarla a ella y a otros familiares este jueves en la avenida Francisco de Miranda para una manifestación.

Lisbeth Rivero es esposa de Pedro Berrio, un ciudadano colombiano que llegó al país en 2008.  

Pedro es ayudante de albañilería. Fue detenido en Petare, en principio por no tener documentos, pero posee su pasaporte.

La respuesta que recibió de los funcionarios es que “era el prototipo de hombre que buscaban”.

Para Lisbeth, además de irregular e injusto, este caso muestra la xenofobia que existe en el país. Asegura esto porque en un principio fueron detenidos 92 hombres, allí habían de otras nacionalidades. Ahora, solo están 59 colombianos a quienes culpan de presunto terrorismo y de querer asesinar a Nicolás Maduro.

«Eso es mentira. A todos los agarraron en lugares diferentes y en momentos diferentes«, asegura.

Lisbeth relata que su vida “ha sido terrible” desde que detuvieron a su esposo. En los primeros dos meses bajó 20 kilos y dice haber pasado hambre.

Pedro y Lisbeth tienen tres hijos de nueve, ocho y seis años. La mujer insiste en que ha sido duro llevar el peso de una casa sola. Ella es doméstica por lo que lo que percibe a duras penas le alcanza.

En cuanto a la situación legal, van seis audiencias diferidas de la preliminar para determinar si pasan o no a juicio.

Ella, venezolana pero de padres colombianos, le pide a Bachelet que interceda para que su esposo junto con los otros 58 colombianos sean puestos en libertad.

Sandra Hernández es esposa de uno de los sargentos alzados el 21 de enero en la Comandancia de Cotiza.

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Actualmente está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, anteriormente estuvo 15 días en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Allí lo torturaron con electricidad, lo colgaron de los brazos, lo golpearon con bates y perdió la sensibilidad en las manos producto de las esposas, según denuncia Sandra.

Ella pudo verlo un mes después y aún tenía signos de los maltratos.

En Ramo Verde, dice que su esposo ha estado aislado por tiempo prolongado.  

“Le pido a Bachelet que se manifieste y que no se deje convencer. Que nos escuche a los familiares que también hemos sido perseguidos, allanados, vejados y que haga algo para que esta persecución termine”.