El encuentro fue moderado por el comisionado para los derechos humanos, Humberto Prado | Foto: cortesía
Caracas.- Familiares de víctimas de torturas y represión participaron este jueves 15 de julio, en un conversatorio organizado por la Comisión para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas que encabeza el dirigente político Juan Guaidó, para llamar la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
El encuentro se realizó a través de una reunión por la plataforma Zoom y fue moderado por el activista Humberto Prado, fundador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones; también contó con la ponencia del especialista Fernando Fernández, experto en derechos humanos, expresidente del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela.
Waleska Pérez, viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fue una de las que detalló el caso de su esposo, quien murió el 29 de junio de 2019 al ser torturado por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. “Rafael murió delante de un juez, aunque ellos aleguen que murió en el hospitalito de Fuerte Tiuna. Su caso es uno de los más relevantes por la manera tan cruel como murió. Tenía 50 lesiones en su cuerpo, hematomas en todas las partes, incluso en muslos”, fue parte de su testimonio.
Asistentes a este encuentro virtual manifestaron su intención de despertar el interés del recién nombrado fiscal para que lleve a últimas instancias el caso Venezuela I, documento que recopila todas las denuncias por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la administración de Nicolás Maduro.
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“Mi hijo hizo un curso de auxiliar de enfermería en Charallave. David José, antes de graduarse de bachiller, ya salvaba vidas. Su pasión por el área de la salud fue lo que le permitió luchar”, destacó David Vallenilla, padre del joven de 24 años del mismo nombre que fue asesinado durante las protestas de 2017 en la autopista Francisco Fajardo.
Vallenilla recordó: “Le dispararon al pecho a corta distancia con un arma que estaba cargada con esferas metálicas. No ha habido justicia desde esa oportunidad. Hay un imputado que fue el que disparó, pero hay una responsabilidad que va más allá”.
En el encuentro también participó la viuda del concejal Fernando Albán, Meudy de Albán: “Nos llamó porque lo estaban acusando de magnicidio. Nos dijo que le estaban pidiendo que culpara a Julio Borges y si lo hacía, lo iban a soltar. El 9 de octubre de 2019 el fiscal anunció que el concejal se había suicidado”.
“Mi esposo, en tres días, fue objeto de detención arbitraria, se le violaron todos sus derechos. A inicios de 2021 se imputó a dos custodios por homicidio culposo, pero no aclara la muerte de mi esposo. Solo pretende desviar la atención. A casi tres años de este hecho todavía no sabemos qué pasó”, denunció.
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Los padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas de 2017, hicieron una cronología de lo que ha sido su vida luego de la muerte del joven. Gaby, la hermana de Juan, se sumió en una profunda depresión que no le permitió recuperarse de un cáncer, mientras que su padre José Gregorio, fue operado de un tumor durante la lucha que emprendieron para que se hiciera justicia a nivel internacional, que fue ocasionado, como él mismo lo refiere, por el “profundo dolor que guardé dentro de mí por no poder superar las muertes de mis hijos”.
“Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y por eso lo privaron de su vida. El 26 de abril, ese fatídico día, salió a luchar por un mejor país”, dijo la madre del muchacho asesinado, Elvira Pernalete.
La progenitora agregó: “Han sido cuatro años muy duros donde nos arrebataron nuestra vida también. Nuestra única forma de ver justicia es ante la CPI; mi esposo y yo quizás podamos tener un poco de paz. y ayudar a construir esa Venezuela que Juan Pablo soñaba”.
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