Caracas.- Un año y casi dos meses han transcurrido desde que la Asamblea Nacional electa en 2015 creara una comisión especial para investigar a un grupo de diputados señalados por un reportaje periodístico, de estar involucrados en actos de corrupción.
Aquel reportaje, publicado por el portal de investigación Armando.Info, señalaba a un grupo de diputados opositores -integrado por José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Chaim Bucaram, Guillermo Luces y otros- casi todos miembros de la Comisión Permanente de Contraloría, de realizar varios viajes para “lavar” la reputación de empresas vinculadas a Alex Saab.
La comisión especial que investigaría estas denuncias estaba presidida por el diputado Edgar Zambrano (AD) e integrada por los diputados Stalin González (UNT) y Marialbert Barrios (PJ). Para esa fecha, 3 de diciembre de 2019, Zambrano y González eran primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, respectivamente.
Casi inmediatamente la comisión tomó Contraloría e inició un proceso de interpelaciones a los señalados en el reportaje y a otras personas. En teoría, tenían 15 días para presentar un informe en plenaria.
Transcurrido ese lapso, se presentó un informe preliminar y se solicitó extender el tiempo —25 días más— para presentar el informe final. Un año y casi dos meses después, ese informe no ha visto la luz.
La mayoría de los diputados mencionados en aquel reportaje e investigados por esa comisión son actualmente diputados electos en unos cuestionados comicios el pasado 6 de diciembre.
No había habido ni de parte de los integrantes de la comisión ni del propio presidente del Parlamento opositor, consultados por la prensa en reiteradas oportunidades, una respuesta clara del por qué este informe final no fue presentado.
El Pitazo conversó con Marialbert Barrios, integrante de esa instancia especial, quien reconoce que es necesario aclarar qué ocurrió y que si se incurrió en irregularidades, estas deben ser sancionadas. Barrios levanta, además, la bandera de la transparencia.
Como ciudadana, dice que es a la instancia parlamentaria y al liderazgo a quienes les corresponde darle finiquito a eso. Recordemos que Barrios tomó la decisión de no continuar como diputada a partir de 2021, aunque no reconoce a la Asamblea electa el 6D.
Aunque no hay un informe final por falta de conclusiones, hay algunas evidentes: muchos cabos sueltos en el “mal manejo”, como insistieron desde el primer momento de la investigación, de la Comisión de Contraloría.
Un detalle importante es que el reglamento interno de la Comisión se modificó en 2018 en cuanto a los tiempos de cierre de una investigación. Si no se había resuelto un determinado caso o denuncia, el mismo se cerraba hasta que alguien solicitara abrirlo de nuevo.
Ese año también se modificó la forma en que trabajaba la oficina de archivos de la Comisión, la cual ahora debía acumular toda la correspondencia para luego anexarla a cada expediente. Barrios responde las preguntas de El Pitazo.
–¿A qué se debe la tardanza para presentar el informe final?
–Esta comisión, una vez que recibió el mandato, el 3 de diciembre de 2019, inmediatamente fue a cumplir su cometido. Acudimos a las instalaciones de la Comisión de Contraloría, precintamos todas las oficinas, tuvimos acceso a las oficinas de archivos e hicimos un diagnóstico de lo que nos encontramos allí. Y lo primero que nos encontramos fue un mal manejo, evidente, de lo que fue la Comisión. ¿Qué establecía el mandato de la comisión? Establecía que se hicieran todas las actividades pertinentes, toda vez que el reportaje de Armando.Info señalaba a unos diputados que presuntamente estaban emitiendo cartas de buena conducta a empresarios como Alex Saab. Además, eso ocurre en un contexto en el que ya varios voceros de la Asamblea Nacional habían declarado que se estaba adelantando una operación denominada “Alacrán” y salen señalados Luis Parra, Conrado Pérez, José Brito, Chaim Bucaram, Guillermo Luces y otros.
Estos diputados pasaron a un proceso voluntario de interpelaciones. La comisión, en principio, hizo lo que tenía que hacer en el sentido de las averiguaciones: revisar los documentos. Citamos a un experto grafotécnico que sirviera de perito y nos indicara cómo darle tratamiento a esas copias de cartas, de las cuales no teníamos originales. Lo primero que nos dijo el perito es que si las cartas no son originales, no se puede demostrar el 100% de la veracidad de las mismas.
Esa ronda de comparecencias nos llevó a citar al director del diario Noticias24, el cual no asistió, y también a Roberto Deniz, el periodista que escribió la nota de Armando.Info. En ese momento intentamos hacer una segunda ronda y ya estaba corriendo el año 2020. Había ocurrido el asalto al Parlamento, por lo que ya no teníamos acceso a las oficinas de la Comisión de Contraloría.
Durante todo este tiempo, se emitieron comunicados a embajadas y distintos organismos con la finalidad de dar con los originales de las cartas como la entregada a la Fiscalía en Colombia y en Europa, pero no dimos con las originales.
Levantamos así un primer informe preliminar a finales de 2019, que no concluía en nada, porque hasta los momentos no habíamos obtenido las cartas originales. Sabíamos además, con lo que había ocurrido el 5 de enero de 2020, que los diputados señalados en el reportaje lo que estaban haciendo era corroborar las acciones que se les atribuían.
Acto seguido de estas rondas de reuniones de enero de 2020 viene la gira de Guaidó, luego la pandemia y por ende, la comisión no se estaba reuniendo, pero estaba el informe preliminar, que debía llegar a unas conclusiones.
El diputado Edgar Zambrano presentó este preliminar ante las cabezas de las fracciones y de los principales partidos después de reunirnos a mediados de enero, y allí Primero Justicia presentó cuatro recomendaciones al informe. Había preocupación de los partidos por que saliera este informe, pero no había una conclusión.
Se puede decir que la situación política, toma de la Asamblea, rondas de sesiones en la calle, pandemia, no permitió que llegáramos a una conclusión.
Con el informe que se filtró recientemente, y con el que no estuvimos de acuerdo, igual se trataba de uno preliminar, que deja plasmado un terrible manejo de la Comisión y muchas incógnitas sobre las cartas originales.
–¿Cuáles fueron las recomendaciones que hizo PJ?
–Ampliar la investigación de la Comisión de Contraloría a 2016, anular todas las llamadas cartas de buena conducta desde 2016 y eliminar esa figura, que además no aparece en ningún reglamento. La figura es una constancia de finiquito de la investigación que se otorga después de que el investigado cumple con los requisitos y la comisión lo revisa. Esas constancias pasaron a ser estas cartas de buena conducta.
Otra recomendación era la declaración de responsabilidad política de los diputados involucrados, incluyendo a Freddy Superlano, como presidente de la Comisión de Contraloría desde 2018, y se recomendaba que el contralor especial del Gobierno interino determinara si había o no irregularidades administrativas.
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–¿Qué tipo de irregularidades administrativas encontraron?
–Mal manejo de las foliaturas; había hasta cuatro libros de correspondencia, dos de entrada, dos de salida; unos los manejaban en archivos, otros el secretario; el tema de los sellos, que, según dicen algunos trabajadores, empezaron a desaparecer desde 2017.
¿Cuál es el problema de que se desaparezcan los sellos? Que no sabes qué se oficia lejos de la mirada de la Comisión, que ya de por sí había una irregularidad en cuanto a los folios y nomenclaturas. De hecho, llegó un momento en que nadie sabía qué salía de allí. Desde PJ defendimos que la responsabilidad de todo funcionario público es dar a conocer cuándo hay irregularidades. Y corregirlas.
Hoy el país debe saber cuáles fueron esas cartas de buena conducta que se emitieron y a quiénes se emitieron, pero no está en mis manos decir quiénes son culpables y quiénes inocentes. Lo que sí puedo decir es que cuando hay una irregularidad, lo lógico es que la investigación llegue a su fin.
–¿Por qué no hubo acuerdo en eliminar las cartas de buena conducta, que era algo que no requería sino una aprobación y una declaración pública?
–Porque no se trata de cartas de buena conducta realmente. Aquí se trata de una constancia de finiquito; al final públicamente se le llama carta de buena conducta, pero no puedo decir por qué no hubo acuerdo.
–¿Se pudo determinar cuántas cartas se emitieron en el período investigado?
–No. Fue imposible, precisamente por el mal manejo de los archivos. Recuerdo el caso del expediente 1714, el de Salvafood, un expediente que está impresentable, con tachaduras en la foliatura, folios extraídos de la carpeta y como ese, otros expedientes. Y en el transcurso de las comparecencias, cada diputado iba consignando las justificaciones de su presunción de inocencia.
–¿Cómo cuales?
–Había uno que hacía alusión a una misiva dirigida a la Comisión de Contraloría en la que se solicitaba que se investigara a alguien y ponía en contraste una o dos copias de otra misiva alusivas al tema, donde se declaraba que la persona que este diputado había solicitado que fuera investigada no había incurrido en ningún tipo de irregularidad.
Tu puedes saber que alguien incurre en una irregularidad cuando esta es visible, pero cuando no hay originales, cuando necesitas contar con los medios para revisar todo un archivo y tienes las oficinas tomadas, el mismo personal de la Comisión declara que ha habido un mal manejo e insisten en que las oficinas de archivo habían sido alteradas y muestran carpetas donde se ve que hay folios que se han extraído, lo más lógico es que tú digas que hay que hacer una investigación desde el día cero.
Lo mas terrible es que esa Comisión (Contraloría) recaiga hoy en manos de alguien (José Brito) que fue objeto de investigación de la comisión interventora y más terrible que no hayamos llegado a un informe final. Por tanto, creo que queda, más allá del deber institucional, el deber de todos los partidos políticos de insistir en la lucha contra la corrupción. Frente a eso no puede haber silencio.
–¿Se puede decir que no hubo un informe final de la comisión especial porque no hubo voluntad política?
–Yo creo que más allá de la voluntad política es un tema de que no hubo acuerdo. Voluntad política hubo. Si yo afirmo que no hubo voluntad política estaría incurriendo en un error, porque las veces que pudimos reunirnos, nos reunimos y todos estuvieron preocupados y ocupados en que saliera algo, pero vuelvo y te repito, las condiciones fueron totalmente adversas. No teníamos los oficios originales, condiciones país que imposibilitaron seguir reuniéndose, sin acceso a la Comisión, y cuando no tienes ese acceso no puedes contrastar lo que viste en su momento con la elaboración del informe.
¿Cuántas empresas investigó esa Comisión? ¿Cuántas cartas se emitieron? No se puede responder porque, insisto, había cuatro libros de correspondencia y esos libros no coinciden con la cantidad y registros de folios, muchas páginas están en blanco con tachaduras. Incluso, los funcionarios de los archivos dijeron que les pedían un código para sacar un oficio —que es el correlativo que debe llevar con las iniciales de la Asamblea, guión, nombre de la Comisión Permanente y el número del oficio—, pero no les daban copias de ese comunicado y, por ende, no queda constancia de lo que se emitió.
Por tal razón fue imperativo insistir en que las investigaciones se extendieran, porque a raíz de lo que se encontró, se desprendían muchas cosas, pero el mandato de la comisión era investigar los hechos denunciados por Armando.Info.
–¿Pero eso no es voluntad política, el hecho de que no se llegara a un acuerdo? Por ejemplo: ¿hubo voluntad para declarar la responsabilidad política de Superlano?
–Es un tema de formas. No es un tema de voluntad.
–Pero, ¿por qué de forma, si él era el presidente de esa instancia?
–Para mí hay responsabilidad política en otro sentido. Había una forma de señalarlo intrínsecamente, diciendo que tenía que revisar el contralor de Guaidó si había lugar o no a responsabilidad administrativa. Lo cierto es que en las mismas comparecencias, los diputados reconocieron que votaron para que se cambiara el reglamento interno, por ejemplo, o que votaron para que Conrado (Pérez) asumiera como presidente de la Comisión, o reconocían que tenían los sellos. En todo ese caso, la solución salomónica no era decir que había responsabilidad política de los alacranes y que lo decida el contralor. La responsabilidad política abarca a quienes tuvieron la conducción de esto.
Insisto en que sí había voluntad para sacar un informe, pero al final uno como diputado no actúa solo, uno se debe a una fracción parlamentaria y la misma fracción parlamentaria se debe a una fracción unitaria.
Yo creo que es momento de que todos los que tenemos que seguir dando la cara al país hagamos frente a esta situación.
–¿Por qué no se tomaron en cuenta las propuestas de PJ?
–No hubo acuerdo. Creo que se trató de agotar todas las instancias para que eso tuviera una solución salomónica y en el caso de nosotros (PJ), decidimos no ceder en nuestra posición, que era bien fundamentada, en vista de lo que habíamos visto.
–¿Qué dijeron los organismos a los que acudieron solicitando las cartas originales?
–No hubo respuestas. Cuando se sacaron oficios para corroborar las cartas que se emitieron desde la Comisión, nadie respondió.
–¿Qué argumentos esgrimieron los diputados interpelados en casos como el de Salvafood para emitir esas cartas?
–Ninguno reconoció su firma. En el caso de los diputados que viajaron a Europa, ellos consignaron oficios para investigar supuestas empresas que se beneficiaron con Cadivi.
–En cuanto a los sellos, ¿había alguna denuncia de los trabajadores en relación a eso, entendiendo que la irregularidad se presentaba desde al menos 2017?
–Había mucha discrecionalidad. Conrado Pérez dijo que él era el presidente de la Comisión y que hubo una sesión para ello cuando ya era vicepresidente, por lo cual no necesitaba ser presidente encargado de la Comisión. Los oficios que se consignaron de esa gira por Europa, por ejemplo, salieron con un sello de vicepresidencia. Para poderlo elaborar, se debió contar con la autorización de la Comisión y nadie se acuerda de haberlo autorizado, como tampoco se sabe dónde está el sello de presidencia de la Comisión.
–¿Es natural que un diputado que pertenece a una Comisión Permanente, como fue el caso de Luis Parra, viaje con otra que no es la suya?
–Eso es contra la norma. Tu no puedes inventarte una subcomisión, como es el caso de los oficios que salen públicos en el reportaje. En las mismas actas y listas de asistencia se ve quiénes son miembros de la Comisión.
–¿Y las subcomisiones deben aprobarse en plenaria?
–Sí, deben aprobarse en plenaria y sus miembros también.
–¿Y qué respondió Parra al ser consultado sobre su viaje junto a miembros de la Comisión de Contraloría?
–Que era una comisión autorizada, pero no fue así. Ese viaje no fue autorizado ni en la Comisión de Contraloría ni en la plenaria. Si yo voy a hablar desde la institucionalidad, lo lógico es que eso se sepa desde la fracción hasta la plenaria.
–¿Todavía existe la posibilidad de que el informe final vea la luz?
–Yo creo que queda ya de parte de los liderazgos. Mi posición no viene al caso. Los que bien puedan y tengan cómo, tendrán que hacerlo.
–¿Qué le dice a quienes puedan pensar que no hubo acuerdo para no perjudicar a ciertos diputados?
–Es posible que lo piensen, pero no está en mis manos decirlo. Para este tipo de casos hay que hablar con pruebas. Yo dejo claro el hecho de que cuando no tenemos oficios originales de las cartas, ¿cómo podemos decir si son verdad o mentira? Lo que es evidente es el mal manejo de la Comisión.
–Pero, ¿el hecho de que no hubo acuerdo no es señal de falta de voluntad política?
–No, porque al final el tema de la política no es que yo actúo a la libre. Hay unos procedimientos, una institucionalidad y lo ideal era que hubiera un informe final, pero no hubo acuerdo. Si no hubiese habido voluntad, no hubiesen salido los informes preliminares ni los oficios a los distintos organismos.
–Pudo haber voluntad hasta cierto punto, pero no para ceder y que hubiese un acuerdo que permitiera el informe final.
–No puedo decir eso. Lo que puedo decir es que sea cual sea la intención, es imperante que hoy se levante la lucha por la transparencia y en contra de la corrupción.
