61% de los venezolanos manifestó su disposición a pagar más por los servicios si se les garantiza mejor acceso. Foto: Cortesía @observatoriovsp
Caracas.- Las constantes fallas en los servicios públicos son un mal común en todas las regiones del país. Estas deficiencias han incidido en un aumento sostenido de la conflictividad social que, sin embargo no han encontrado respuesta en la gestión de las empresas estatales.
A juicio de Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Miranda, el colapso de los sistemas de distribución de agua, electricidad y gas tiene un trasfondo tanto político y económico, que ha asegurado su profundización, como una acción que catalogó de deliberada.
«El colapso económico lleva al colapso de los servicios públicos y este profundiza el económico. Crea una situación de dependencia para una ciudadanía a la que le han cambiado sus instancias tradicionales de diálogo con las autoridades. Ya ni se paga por los servicios por lo que de facto, devienen en una dádiva más», sostuvo.
Ante esto, el parlamentario insistió en que una mejora en el acceso a los servicios depende de un cambio político. Así se contribuiría a restaurar la relación entre prestadores de servicios y beneficiarios.
«Resulta necesario que, como prioridad, se solucione la crisis política para luego hacer lo mismo con la económica, justo en ese orden. El orden de los factores sí altera el producto», enfatizó en un foro organizado por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (Ovsp).
Paola Bautista, presidenta de la asociación civil Formación y Acción (Forma), coincidió con el diputado y agregó que las autoridades actuales no tienen ni la intención ni la experticia para solucionar la crisis.
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«La solución real y definitiva a la crisis de los servicios está asociada a un cambio de régimen. Este no está en capacidad política ni técnica de afrontarla», dijo.
Bautista subrayó que las consecuencias más graves de la crisis por falta de servicios públicos las padecen los residentes de las regiones. Desde su perspectiva esta situación se explica en la necesidad del gobierno de mantener la conflictividad alejada de la sede del poder político.
«Al régimen solo le importa mantenerse en el poder. Buscará aliviar problemas asociados a fallas de servicios solo si puede obtener un beneficio político o mantener la estabilidad del poder a cambio», aseguró.
La exposición fue el marco para la presentación del más reciente estudio del Ovsp. Julio Cubas, director de la ONG, expuso que en el informe se evidenció que 61 % de los venezolanos estaría de acuerdo con un aumento en las tarifas de servicios, si esto implicaría una mejora en el acceso en calidad.
Del total de la muestra de la encuesta que abordó a ciudadanos en las 10 capitales de estado más pobladas, también se halló que 56,7 % aprobaría una privatización de operadoras de servicios, actualmente en manos del Estado.
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