Foto: EFE
Caracas.- Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre contaron con algunas garantías que fueron destacadas por varios de los miembros del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre las que figuró la habilitación de partidos y tarjetas que habían sido intervenidos y cuyos líderes habían sido impuestos mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aunque eso no implicara que los dirigentes legítimos recuperaran el manejo de esos partidos.
Fue a propósito de otro proceso electoral, cuestionado dentro y fuera de Venezuela, las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, que el TSJ intervino diversas organizaciones políticas y sus tarjetas e impuso líderes en esos partidos intervenidos como un mecanismo para garantizar la participación en los comicios parlamentarios que, desde un principio, fueron rechazados por la coalición opositora liderada por Juan Guaidó.
Casi un año después, y en el marco de otros proceso electoral, el CNE aprobó la participación de partidos que estaban inhabilitados e intervenidos.
El 15 de junio de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia suspendió a la junta directiva de Acción Democrática, encabezada por el diputado Henry Ramos Allup y designó una junta ad hoc presidida por el entonces dirigente Bernabé Gutiérrez.
Mediante la sentencia 0071-2020, el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, dictó una medida de amparo constitucional para forzar una reestructuración del partido. Además, la junta ad hoc estaba autorizada para usar la tarjeta electoral y símbolos para participar en las parlamentarias de diciembre de 2020.
Luego de la sentencia dictada por el TSJ contra la dirigencia legítima de AD, un día después, el ente judicial suspendió mediante otra orden la junta directiva del partido Primero Justicia, para imponer una junta ad hoc, en la que fue designado al legislador José Dionisio Brito como coordinador nacional de la tolda política aurinegra. Esa decisión dejó sin efecto a la anterior directiva, liderada por el opositor Julio Borges y Henrique Capriles Radonski.
Luego del anuncio del 1 de julio de 2020 sobre la fecha para las elecciones a la Asamblea Nacional, previstas para diciembre de ese año, el TSJ despojó de su directiva a otro partido. Esa vez le tocó a Voluntad Popular, cuya presidencia de la junta ad hoc recayó en Justo Gregorio Noriega. Con la intervención, el TSJ también autorizó el uso de la tarjeta electoral, logo, símbolos y emblemas del partido naranja.
La acciones del TSJ no solo estuvieron dirigidas a partidos claramente opositores, sino que también se vieron afectadas otras organizaciones políticas que habían sido aliadas del chavismo, como fue el caso de Tupamaro.
En agosto de 2020, el TSJ nombró una junta ad hoc para Tupamaro encabezada por Williams Benavides y dejó sin efecto a la vigente hasta ese momento, presidida por Oswaldo Jiménez.
La organización política fue otro de los partidos intervenidos que contó con participación en las elecciones del 21 de noviembre. La Sala Electoral, mediante sentencia número 19 del 20 de julio, intervino al partido opositor Movimiento Republicano y designó una nueva directiva ad hoc, liderada entonces por Manuel Rivas.
En agosto de 2020, la Sala Constitucional del TSJ decretó una medida cautelar de tutela constitucional para suspender la dirección nacional de la organización política Patria para Todos (PPT).
Mediante la sentencia 0122-2020, la instancia del TSJ designó una junta directiva ad hoc para llevar a cabo la reestructuración del partido, liderada por Ileana Medina, en su condición de secretaria nacional, y por Lisett Sabino y Beatriz Barráez como secretarias generales regionales.
La Sala Constitucional del TSJ también anunció en agosto de 2020 que Olga Alejandra Morey, como coordinadora nacional de la organización política Compromiso País, estaba habilitada para realizar postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a propósito de las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre.
La Sala Constitucional del TSJ aplicó la misma formula de intervención en el caso de la organización política Bandera Roja y anunció el 25 de agosto de 2020 la habilitación de Pedro Celestino Veliz, en su condición de presidente del partido, para realizar postulaciones ante el CNE para las elecciones parlamentarias.
El partido social cristiano fue otro de las organizaciones políticas intervenidas y con una junta directiva impuesta por el TSJ. Mediante sentencia, la Sala Constitucional del TSJ anunció en agosto de 2019 que la Mesa Directiva de la Dirección Nacional de Copei quedaría integrada por Mercedes Malavé, presidenta; Antonio Calviño, primer vicepresidente; Rafael Hernández, segundo vicepresidente; Juan Carlos Alvarado, secretario general y por Iber Ascensión, secretario adjunto.
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