Caracas.- Ana Isabel Otero, hija del director de El Nacional, informó el pasado 14 de mayo que el diario no sufrió la pérdida de archivos periodísticos durante el embargo a su sede en Los Cortijos, que se ejecutó como parte del pago de indemnización del medio de comunicación a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv.
Ana Otero aseguró, mediante su cuenta de Twitter, que los archivos periodísticos fueron sacados del edificio de El Nacional mucho antes de ejecutarse la medida del Tribunal Cuarto del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
“El archivo de El Nacional está resguardado y fuera de las instalaciones. Perdimos bienes materiales, no perdimos historia”, comentó la hija de Miguel Henrique Otero Castillo.
Asimismo, aprovechó su pronunciamiento en redes sociales para agradecer los gestos de solidaridad a quienes rechazaron el embargo. “Gracias a todos. Mi familia y yo estamos bien”, expresó Ana.
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El Nacional fue demandado porque replicó una publicación del medio ABC y The Wall Street Journal en la que se vinculó a Cabello con presuntos hechos de narcotráfico, sobre la base de información revelada por Leamsy Salazar, exescolta del dirigente político.
El medio de comunicación denunció que en todas las instancias judiciales, tanto penales como civiles, no fueron escuchados sus argumentos contra la demanda ni tampoco valorados por los jueces.
El abogado del diario El Nacional, Juan Cancio Garantón, calificó el pasado 14 de mayo como un abuso de autoridad el embargo de la sede. Consideró que no existe aplicación del derecho ni de norma jurídica alguna con esta medida judicial.
“Este abuso de autoridad que está sucediendo aquí es delictivo, esto es una flagrancia, es un hecho público, no es aplicación de derecho ni de norma jurídica alguna, es un vulgar delito que se está cometiendo”, dijo Juan Garantón a periodistas.
A juicio de Garantón, en este no caso no hay ningún embargo, puesto que es “una cosa ilegal”, ya que “el embargo no podían ejecutarlo porque hay un recurso de revisión constitucional”.
