Foto: Referencial
Caracas.- El 15 de octubre Nicolás Maduro anunció que asignará minas de oro a los 23 gobernadores con el propósito de financiar el presupuesto regional. Según su argumento, esta medida pretende “impulsar la economía y maximizar la protección social del pueblo”. Sin embargo, diputados de la Asamblea Nacional advierten a los funcionarios del gobierno que tienen prohibido obtener derechos mineros, como lo establece el artículo 20 de la Ley de Minas, promulgada en 1999 por Hugo Chávez.
María Gabriela Hernández, presidente de la Subcomisión de Cambio Climático, sostiene que la actividad minera debe velar por el desarrollo sostenible, la conservación del ambiente y la integridad de quienes habitan el territorio.
Indicó que esta práctica tiene meses: la gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, ha tramitado permisos para que contratistas de su confianza puedan explotar las minas del Arco Minero y obtener recursos para financiarse, lo cual es ilegal.
Por su parte, la diputada por el estado Amazonas Mauligmer Baloa denunció que se trata de una “medida inconsulta” que viola los artículos 119 y 120 de la Constitución, en los que se establece que el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, a quienes se les consultará sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto, tampoco ha ocurrido.
LEE TAMBIÉN:
DIPUTADA MAULIGMER BALOA: SEMANALMENTE AVIONES DEL GOBIERNO SE LLEVAN EL ORO A CARACAS
Desde 2016, cuando se creó el Arco Minero, mediante el decreto n° 2.248, la Asamblea Nacional ha denunciado que, con la explotación a discreción de las minas, Maduro ha atentado contra la flora y la fauna de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, y ha acentuado la degradación de los suelos y la sedimentación del agua.
Según el artículo 129 de la Constitución, las personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Estado, en el que se vean involucrados recursos naturales, están obligadas a conservar el equilibrio ecológico.
Para la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, las leyes que rigen la actividad minera están sujetas a la voluntad de Maduro. Alí Daniels, director de la organización, indicó que esta medida produce preocupación porque crecerá el esquema corrupto.
“Una población muy pequeña se verá beneficiado con los dividendos. Pensamos que como ya el presupuesto no es digno de saqueo porque los bolívares no valen nada, se están buscando otras fuentes de recursos para mantener la lealtad de los funcionarios”, puntualizó el abogado.
Esta web usa cookies.