José Guerra, diputado y economista | Foto: Archivo- cortesía
Caracas.- El diputado José Guerra asegura este martes, 15 de septiembre, que la propuesta planteada por el gobierno de Nicolás Maduro para reestructurar la deuda externa es inviable, a su juicio, la única solución es con una salida política que implique elecciones libres y un Gobierno de Emergencia Nacional.
Guerra comenta en unas declaraciones enviadas a medios de comunicación, que lo propuesto hoy por Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, no es factible porque los bonos emitidos por la Republica y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez se rigen por la Ley de Nueva York y por tanto ningún tenedor de bonos va a aceptar un acuerdo de reestructuración de deuda con Maduro.
Ante este panorama el también economista Guerra agrega que una restructuración de la deuda externa implica contar con un programa económico viable y hoy Venezuela carece de ese programa y su economía está a la deriva. Además, se requeriría el aval del Fondo Monetario Internacional.
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«Es absurdo plantear pagar deuda en estos momentos cuando las reservas del Banco Central de Venezuela apenas alcanzan a 6.320 millones de dólares, de los cuales más de 5.000 dólares están en oro y además este año el ingreso por exportaciones en su mejor escenario alcanzará a 4.000 millones de dólares. No hay cómo pagar ni se debe pagar«, subrayó.
El parlamentario recordó que el presidente fallecido Chávez fue quien propició el endeudamiento de Venezuela en un momento en que los precios del petróleo eran «buenos».
Destacó que un año antes de él llegara al poder la deuda externa total alcanzó a 28.317 millones de dólares, de los cuales 23.317 millones de dólares correspondían a la República y 5.000 millones de dólares a Pdvsa. Estima que en este 2020, la deuda externa total excede los US$ 120.000 millones, incluyendo la deuda de la República, Pdvsa y el Fondo Chino.
La alta ejecutiva del gobierno oficialista aseveró hoy que Venezuela tiene toda la intención de cancelar la deuda pero que debido a las sanciones del Gobierno de Estados Unidos han impedido que estos giros se hagan a tiempo, por lo que le propuso a los tenedores de bonos una «oferta de interrupción y condicionada».
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