La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es el único organismo en Venezuela que no tiene limitaciones en el poder ni en el tiempo de funcionamiento. Desde su elección cuestionada, el pasado 30 de julio de 2017, se ha convertido en un espacio en el que se pide tribunales populares para los adversarios políticos y se actúa por encima de la Asamblea Nacional (único poder reconocido como legítimo por buena parte de la comunidad internacional) y del Consejo Nacional Electoral.
El 1 de mayo de 2017, mientras se desarrollaban las protestas opositoras para rechazar el rompimiento del hilo constitucional, Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente basándose en el artículo 347 de la Constitución de la República, el cual señala que esta figura tiene tres funciones específicas: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Un año y nueve meses después, la ANC no ha presentado ni siquiera el primer borrador de Carta Magna que prometió dar a conocer en agosto del 2018, pero sí ha aprobado leyes, allanado el fuero parlamentario, convocado elecciones e inhabilitado partidos políticos sin estar facultada para ello. Incluso, ha extendido su período de funcionamiento.
Sobre este último hecho, el director de la ONG Acceso a La Justicia, Alí Daniels, explica que en un Estado de Derecho no se concibe un poder ilimitado porque sería contrario a los derechos humanos. “Autoprorrogarse es un acto totalmente arbitrario. Ellos no pueden decidir cuánto tiempo funcionan. Cualquier órgano tiene un lapso, pero cuando Maduro lo planteó no se colocó un plazo fijo; de hecho, no aparece en las bases comiciales”, asegura.
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El pasado 20 de mayo, cuando se cumplió un año de la reelección de Maduro mediante un proceso marcado por ilegalidades, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aprobó la extensión de la ANC «al menos» hasta el 31 de diciembre de 2020, pero no asomó cuándo se mostrará a la ciudadanía un proyecto de Constitución, que ha sido preparado en secreto.
Y así quedó ratificado por el presidente de la Comisión Constitucional, Hermann Escarrá, quien prefirió no atreverse a poner un nuevo tope para «tener listo» el proyecto porque, según él, deben debatirlo con la ciudadanía.
En enero, días previos a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Escarrá avizoró la primera entrega ante la ANC para febrero. Pero al terminar ese mes, no informó la razón por la que se atrasó lo que ya se tenía previsto. En ese momento alegó que la comisión se encontraba trabajando «muy fuerte» en la integración de las leyes y decretos aprobados, aun cuando carecen de legalidad, así como en las propuestas de cada comisión.
Entre las reformas que se harían al nuevo texto constitucional se encuentra la inclusión de la milicia como un componente de la Fuerza Armada, propuesta que cambió en estos últimos meses porque Maduro sugirió revisar la Ley de la FAN e incluir a este grupo como parte de la institución castrense.
Hasta el momento, la ANC, órgano calificado de ilegítimo, ha despojado ilegalmente de su inmunidad a 19 diputados y ha incluido la petición de llevar a tribunales populares a Juan Guaidó, jefe del Poder Legislativo, sin que el Ministerio Público se pronuncie en rechazo a esta pretensión. También la ANC ha designado a un fiscal y a un contralor, facultades exclusivas del Parlamento. Y ha incurrido en la violación del artículo 33 de la Ley del Poder Electoral al convocar tres procesos comiciales: gobernadores, alcaldes y presidenciales.
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La culminación de la ANC, al menos hasta la última extensión, coincidiría con la renovación del Poder Legislativo, cuyas competencias han sido retiradas arbitrariamente por el Tribunal Supremo de Justicia.
La ONG Acceso a La Justicia ya había advertido que este cuerpo no coadyuvaba a la estabilidad del país ni a la resolución de los problemas de los venezolanos. Por el contrario, actuaban como un órgano paralelo a la Asamblea Nacional y que aparenta inclusión y reconocimiento de todos sus integrantes, pero que en realidad no permite el debate.
Así quedó demostrado el 21 de agosto de 2018, cuando Diosdado Cabello recibió de Tareck El Aissami tres decretos para reformar la política fiscal y monetaria del país: “Para luego es tarde. Después discutimos lo que haya que discutir”, dijo el número dos.
