Las recientes declaraciones de Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en relación con los casos de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán y el capitán Rafael Acosta Arévalo y las supuestas imputaciones de funcionarios policiales y militares involucrados en sus asesinatos, continúan generando reacciones.
Este lunes, 3 de mayo, representantes de diversos partidos políticos opositores se pronunciaron para rechazar lo que consideran una maniobra para eludir la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Delsa Solórzano, diputada electa en 2015 y quien lleva cerca de 200 casos ante la CPI, fue enfática en señalar que en Venezuela no hay posibilidad de hacer justicia. “Lo ha dicho la ONU, la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet”, agregó.
Solórzano, junto con Freddy Guevara (VP) y Amelia Belisario (PJ) exigen que las cadenas de mando, en cada caso, sean investigadas.
Solórzano además rechazó los delitos imputados a los funcionarios involucrados en el caso del concejal Fernando Albán.
“No puede ser homicidio culposo. La tortura culposa no existe, es voluntaria. Lo torturaron y mataron a Albán”, indicó. La diputada explicó que un delito culposo es cuando no hay la intención de cometer un crimen mientras que el doloso es cuando hay toda la intención.
Recordó que en el caso del capitán Acosta Arévalo, este fue presentado “moribundo” ante un juez, que no dijo nada. Ante ello, Solórzano sostuvo que tanto ese funcionario como muchos otros, incluyendo a Saab, deberían ser investigados por el delito de encubrimiento.
“Con su declaración, Saab no ha hecho más que ofrecer una confesión y eso lo vamos a remitir a instancias internacionales”, dijo.
Recordó también que la CPI está por tomar una decisión de si continúa o no la investigación. Algo que debe ocurrir antes del 15 de junio cuando la fiscal Fatou Bensouda deje el cargo y la sustituya el británico Karim Khan.
La dirigente política descarta que las declaraciones de Saab sean suficientes para que la CPI descarte sus investigaciones contra el Estado venezolano.
Para la parlamentaria, Saab “es una vergüenza” al fungir como defensor del gobierno de Maduro y agregó que esto es una demostración de cómo se utilizan las instituciones del Estado.
Freddy Guevara, por su parte, insistió en que los asesinatos de cientos de venezolanos responden a órdenes superiores y forman parte de un patrón sistemático para acallar a la disidencia.
Guevara agregó que no basta con admitir los asesinatos sino que es fundamental saber quiénes dieron las órdenes y aprovechó de enviar un mensaje a los funcionarios de bajo rango: “Piénselo bien a la hora de ejecutar las órdenes de tortura y detenciones porque al final los entregarán a ustedes”.
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