Los presos políticos recluidos en la Dgcim no han podido ver a sus familiares desde que inició la cuarentena por COVID-19 | Foto: archivo / referencial
Caracas. – Rafael Acosta Arévalo, capitán de la Armada, es uno de los 23 ciudadanos que fallecieron bajo denuncias de torturas en 2019, según el registro del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Este 26 de junio, cuando se celebra el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos aseguran que la tortura en Venezuela se ha convertido en un método masivo de represión para aniquilar a la disidencia.
Durante un foro virtual realizado por la organización Vente Venezuela, a propósito de este día internacional, la abogada y especialista en derechos humanos, Tamara Suju, destacó que la tortura se ha institucionalizado en el Poder Judicial: está presente en los tribunales militares y civiles, en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo. En ocasiones, estos organismos reciben las denuncias de torturas, escuchan a la víctima, pero no elevan el caso ni procesan al torturador.
“Cuando induces, omites o actúas, estás incurriendo en tortura. Quienes tienen conocimiento de estos actos son culpables ante las leyes venezolanas”, comentó, en compañía de representantes de Vente Venezuela y dos familiares de presos políticos.
Suju indicó que en estos últimos dos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado la tortura para castigar a supuestos conspiradores y obligarlos a que den un testimonio para acusar a otros o a sí mismos. Antes, incluso en la época de Chávez, este delito se cometía para atacar a quien protestaba.
El caso del capitán de Navío Luis De La Sotta es emblemático para Suju. Su hermana Molly De La Sotta recuerda que fue detenido el 18 de mayo de 2018, dos días antes de la elección presidencial cuestionada por la oposición y la comunidad internacional. Estuvo bajo desaparición forzada cuatros días, sus familiares lo denunciaron en el Ministerio Público, pero hicieron caso omiso. Fue al mes que su madre pudo verlo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y notó que había perdido la audición en un oído. Había sido asfixiado, amarrado y le rompieron sus muñecas. A pesar de que el militar lo informó al tribunal de control militar que llevó su causa, la jueza dijo que las torturas no eran su competencia.
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Vasco Da Costa, detenido el mismo día, también fue víctima de tortura y todavía lo es. Golpes en los oídos que lo aturdían fueron los primeros tratos crueles e inhumanos que recibió. Según el relato de su hermana, Ana María Da Costa, lo mandaron a desnudarse y lo patearon en el abdomen para obligarlo a evacuar y luego ensuciarle el rostro con sus propias heces. Lo colgaron hasta que se desmayara y, posteriormente, lo despertaron a patadas. También golpearon su cabeza contra el piso, le colocaron agujas en el tórax y lo conectaron a cables para darle corriente. Este ciclo lo repitieron una y otra vez.
Desde octubre pasado, Da Costa está recluido en el ala de procesados militares del Hospital Militar Carlos Arvelo, debido a que tenía una celulitis en su pierna que empeoró con mordeduras de ratas y falta de atención médica, mientras estaba detenido en Ramo Verde. El gobierno dio una medida humanitaria con la condición de que se fuese del país, pero Da Costa se negó y continúa recluido en el centro de salud. Debido a la fuga de uno de los presos, la mayor Liseth Torres y el mayor general Yánez Figueredo lo esposan diariamente desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am.
De acuerdo con el Foro Penal, hay 424 presos políticos. 127 de ellos son militares y están detenidos en La Pica, Monagas; Santa Ana, Táchira; Ramo Verde, Miranda; y sótanos de la Dgcim, Caracas.
“Es tiempo de ver resultados concretos de la asistencia técnica en materia de prevención de la tortura anunciada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, a partir de enero de este año”, dijo Provea, a través de su cuenta en Twitter este viernes.
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En un informe anual publicado por esa organización, se indicó que por primera vez en 31 años de registro 574 personas fueron víctimas de torturas, pero entre 2013 y 2019 han fallecido 72 ciudadanos, entre ellos el concejal opositor Fernando Albán, tras recibir estos tratos crueles e inhumanos, prohibidos en el artículo 46 de la Constitución.
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