Caracas.- El defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, rindió cuentas de su gestión 2020 ante la Asamblea Nacional oficialista este 11 de marzo. En sesión ordinaria, aseguró que su despacho aún tienen varias deudas, entre esas defender a los sectores más vulnerables y el salario de los venezolanos que no llega a un dólar mensual.
El primer punto del orden del día contempló la presentación del informe y el derecho de palabra a este funcionario que dirige la Defensoría del Pueblo desde agosto de 2017, luego de que Tarek William Saab fuese designado como fiscal de la República por la Asamblea Nacional Constituyente.
«Aún tenemos desafíos como proteger a los más vulnerables ante los saqueos de empresas multinacionales, proteger el salario, el acceso a la salud, a los medicamentos y a los alimentos«, dijo desde la tribuna de oradores del hemiciclo de sesiones.
Durante esta segunda semana de marzo se ha conocido de manera extraoficial un aumento de salario en la administración pública; sin embargo, este nuevo ingreso tampoco serviría para adquirir la canasta básica pues es del 50%. Si un trabajador razo devengaba Bs. 1.200.000, ahora pasará a ganar Bs. 1.800.000.
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Violaciones a los derechos humanos
Ruíz ofreció cifras en cuanto a formaciones que ha hecho la Defensoría: 39 cursos en materia de derechos humanos, entre ellos, sobre la prevención de tratos crueles e inhumanos.
Sin embargo, el Defensor no se refirió a las denuncias de familiares de presos políticos que estuvieron más de tres meses sin poderlos visitar en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar porque los custodios prohibieron el contacto, a propósito de la pandemia por COVID-19. En algunos casos, como el del capitán de navío Luis De La Sotta, tampoco permitían llamadas telefónicas. Ruiz no mencionó los casos de denuncias de tratos crueles e inhumanos que han hecho públicamente los parientes de presos políticos.
Molly De La Sotta, hermana del militar detenido, asegura que tanto en 2019, 2020 como en 2021 han introducido denuncias ante la Defensoría del Pueblo, que han sido remitidas a la Fiscalía General de la República sin ser consideradas previamente.
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Tampoco hizo mención a las ejecuciones extrajudiciales denunciadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A pesar de estas omisiones, el funcionario insistió en los ciudadanos pueden acercarse a cualquiera de las 59 oficinas que hay en el territorio nacional para ser atendidos. Destacó en ese sentido que en 2020 dieron 7.000 orientaciones y abrieron 4.000 expedientes. Sin dar detalles, aseguró que la Defensoría emprendió 59 acciones judiciales y 1.656 mediaciones.
En su presentación también indicó que «pese al cerco diplomático», han establecido canales de comunicación con otros países para garantizar el respeto a los venezolanos migrantes.
El informe del Defensor será remitido a las comisiones permanentes para su estudio, de acuerdo con lo señalado por el presidente de la AN oficialista, Jorge Rodríguez.
