Caracas.- 24 horas después que el Parlamento aprobara, con los votos salvados de Primero Justicia (PJ) y la fracción 16 de Julio, aumentar el tope del Fondo de Litigios de 5 a 20 millones de dólares, las reacciones no se han hecho esperar.
Primero Justicia publicó su voto salvado. Desde el mismo martes, argumentaban que se debía designar primero un contralor y establecer mecanismos de control previos y posteriores.
También se refieren al artículo 36 del Estatuto de Transición, el cual señala que: “Los activos del Estado que hayan sido recuperados a través de los mecanismos establecidos en el presente Estatuto no podrán ser dispuestos o ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se haya conformado un gobierno provisional de unidad nacional. A estos efectos, y en virtud de la situación de reconducción presupuestaria continuada en la que se encuentra la República desde el año 2016, la Asamblea Nacional podrá dictar una ley especial en materia financiera y presupuestaria, de conformidad con el artículo 187, numerales 6, 7 y 8 de la Constitución”.
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Al respecto, el procurador encargado, José Ignacio Hernandez, señaló que el argumento de PJ es “impreciso” en cuanto a que los 20 millones no se van a gastar de una vez. “Eso no es así. El acuerdo da la primera autorización para ejecutar hasta ese monto y, luego, es necesario implementar los mecanismos de control”, señala. Insiste en que hay que cubrir honorarios profesionales de los abogados que realizan los litigios.
El procurador ya había señalado que este fondo ayudaría a pagar los costos legales en unos 50 casos de litigio en donde estarían en riesgo 15 mil millones de dólares en reclamos. En cuanto al Estatuto, Hernández hace referencia a que la excepción es el acuerdo legislativo.
Este Fondo se creó el 19 de noviembre de 2019 con el voto de toda la oposición. En ese momento, el techo del fondo osciló de 2 a 5 millones de dólares.
Tarea pendiente
En cuanto a la petición de nombramiento del contralor, Hernandez sostiene que “es fundamental” y que él mismo lo viene proponiendo. Esta designación es una tarea pendiente de la Asamblea desde junio de 2019.
El 18 de junio, la mayoría de la plenaria aprobó crear una comisión especial que estaría encargada de escoger a un “contralor temporal”, como lo había anunciado Juan Guaidó después de conocerse el llamado caso Cucutazo. Sin embargo, hasta la fecha, no ha arrojado nombres.
No ha renunciado
La noche de este miércoles circuló una carta del procurador en la que exponía argumentos del porqué del Fondo y el aumento y recordaba que su cargo estaba a disposición del presidente encargado Guaidó.
En una serie de tweets, señaló que no ha renunciado y que pone su cargo a la orden si eso, “contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio”.
La carta, de la cual Hernández no aceptó ni negó su autoría, también se reseña que la diatriba podría perjudicar la percepción sobre su gestión.
Agrega Hernández que “la aprobación por parte de la Asamblea al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica”.
Por último, el Procurador insiste en que “la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”.
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