Poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia designara, vía omisión legislativa, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, algunos voceros del Parlamento, como José Ignacio Hernández, procurador especial de la gestión de Juan Guaidó; el diputado Henry Ramos Allup y posteriormente el propio presidente del Parlamento, Juan Guaidó, asomaron la posibilidad de que la Asamblea Nacional se ampare en el artículo 333 de la Constitución vigente para aplicar la continuidad administrativa ante la inminente realización de elecciones parlamentarias con un Poder Electoral que desconocen. No obstante, esto es apenas una propuesta y se deben cumplir una serie de requerimientos.
Para que la continuidad administrativa sea aplicable se deben cumplir algunos principios básicos: que a un funcionario se le termine su período de gestión y no haya sustituto electo; que exista una causa mayor que impida que un sucesor tome el cargo o que nadie lo pueda suceder, o que por razones de causa mayor no se pueda realizar la elección.
“Aquí lo que probablemente va a ocurrir es que va a haber unas elecciones y los diputados en ejercicio no convaliden y digan que hasta que no haya una elección, son ellos por el principio de continuidad, que seguirán ejerciendo sus cargos hasta que haya una elección válida, autentica y legitima de diputados que los sustituya para el periodo que se inicia en 2021. En 2013, cuando la continuidad administrativa de Chávez, la situación era distinta porque el cargo era unipersonal y era muy claro que quien estaba ejerciendo el cargo se tiene que mantener, pero cuando el caso es de un cuerpo colegiado cambia: la AN no puede ser sustituida por nadie, sino por otros diputados”, afirmó el abogado constitucionalista Rafael Raffalli. Para el especialista en derecho, seguramente habrá un choque de interpretaciones.
Para José Ignacio Hernández, procurador especial de la gestión de Juan Guaidó y también abogado, la AN debe agotar todos los mecanismos y esfuerzos para rescatar las condiciones electorales en Venezuela. “Es una situación limitada a evitar el vacío del Poder Legislativo legítimo, y que debe ser acompañada de las acciones orientadas a impulsar la transición y detener con ello la emergencia humanitaria compleja”, informó a El Pitazo.
La propuesta tendría que contar con el apoyo de la comunidad internacional que ha apoyado la propuesta de transición de la oposición, pero no está libre de riesgos y el funcionario refirió que pasaría como con la actual Asamblea. “Un parlamento legítimo, sujeto a persecución y criminalización, frente a uno ilegítimo”, afirmó Hernández.
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De más atrás
Sin embargo, no es la primera vez que en la política venezolana se alude a la continuidad administrativa. En 2013, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor del entonces presidente Hugo Chávez, quien se encontraba en Cuba sometido a tratamientos de quimioterapia, para que no asistiera a su juramentación para el período 2013-2021 por considerarlo un mero trámite que podía cumplir en cualquier otro momento.
“En este punto, conviene referirse al “Principio de Continuidad Administrativa”, como técnica que impide la paralización en la prestación del servicio público. Según la doctrina y práctica administrativa, conforme a dicho principio, la persona designada para el ejercicio de alguna función pública no debe cesar en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, hasta tanto no haya sido designada la correspondiente a sucederle”, reza la sentencia N° 2, del 9 de enero de 2013 de la Sala Constitucional del TSJ.
Para la profesora y politóloga Carmen Beatriz Fernández, la posibilidad de que la AN aplique la continuidad administrativa tiene que ver con el mecanismo que usa para “atrincherarse”. “Es una situación simbólica que no tendrá mayor fuerza política ni incidencia legislativa. Si la actual, en plena vigencia y legitimidad, está pintada en la pared y los parlamentarios corren enormes riesgos personales y se les viola la inmunidad parlamentaria repetidamente, imaginemos qué podría pasar con este caso”, precisó a El Pitazo.
