Caracas.- En declaraciones a Últimas Noticias publicadas el 4 de enero, Iris Varela asomó que como diputada, y recién juramentada primera vicepresidente de la Asamblea Nacional, propondrá confiscar los bienes y tierras de aquellas personas que no se encuentren en Venezuela. Jurídicamente esto es imposible porque la Constitución prohíbe este mecanismo, explica el abogado constitucionalista Alí Daniels, también director de Acceso a La Justicia.
En el artículo 116 de la Constitución se indica que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes, salvo en tres casos: si se trata de personas procesadas y sentenciadas por delitos contra el patrimonio público, si se trata de ciudadanos que se hayan enriquecido ilícitamente y se trata de personas que ejercen actividades comerciales o financieras vinculadas a sustancias estupefacientes.
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En su argumento, la también exministra de Asuntos Penitenciarios indicó que los propietarios de «bienes productivos» están obligados a rendir cuentas y a mantenerlos activos. Esta afirmación es muy genérica, advierte Daniels.
«No puede ser una decisión genérica o que se diga que a todos los venezolanos que están fuera del país se les confiscan sus bienes porque son unos presuntos delincuentes. Eso no podría ser así. Tienen que existir unos supuestos que individualicen a las personas sujetas a esa medida (…). No es que Iris Varela diga que va a confiscar y se hará «, explica Daniels.
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El abogado recuerda que debe determinarse la comisión de un delito, celebrarse un juicio y luego de una condena es que se haría una confiscación.
Hasta el momento, Maduro no ha respaldado la afirmación de Varela. En ese sentido, Daniels considera que se trata de un conjunto de amenazas que viene haciendo el oficialismo a la oposición venezolana, sobre todo a Juan Guaidó y a quienes lo acompañan.
De hecho, en las mismas declaraciones, Varela también asoma que pedirá al Ministerio Público dictar orden de captura para Guaidó y revocar la nacionalidad de las personas acusadas de traición a la patria y conspiración. Sobre el último punto, no es la primera vez que la funcionaria lo pide: en 2018 exhortó al Ministerio Público a quitarles la nacionalidad a aquellos que, según ella, conspiraran contra el país.
