Con audio ininteligible fue aprobado, este martes 9 de febrero en la sesión semi presencial de la Comisión Delegada, el informe que modifica y amplía el contrato de servicios con la empresa BlueRun Ventures (BRV).
Esta empresa norteamericana funciona bajo dos modalidades: BRV Administration Co. LLC y BRV Disbursement Co. LLC. que se encargan de administrar y ser agente de desembolso, respectivamente, del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención en casos de riesgo vital.
La solicitud de modificación fue hecha por Juan Guaidó el pasado 3 de febrero y la misma fue remitida a la Comisión de Finanzas en aquella oportunidad.
Sin embargo, el documento leído este 9 de febrero señala que fue el 8 de febrero de este año que se envió la modificación a dicha Comisión, según comunicación N°DSS/0001/02/2021.
Según se le pudo entender al secretario de la Asamblea Nacional opositora, se amplió la temporalidad del contrato, que en principio era hasta el 31 de diciembre de 2020, y que ahora será hasta el 31 de marzo de 2021.
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Esto ante la modificación del Estatuto de la Transición y de la propia Ley del Fondo para la Liberación.
En el informe de la Comisión de Finanzas se recomendó regular la administración de servicios y demás responsabilidades del contrato y se señala lo siguiente:
“Tal y como se indicó, supra, el contrato indica que será por la cantidad CIENTO VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $125.000,00) mensuales, pagaderos en dicha moneda. Siendo establecido el pago de noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 90.000,00) respecto a los servicios prestados por la empresa BRV Administration Co. LLC y treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 35.000,00) en relación a los servicios prestados por la empresa BRV Disbursement Co. LLC.”
No queda claro si este monto se pagará más allá de marzo o si esos 125.000 dólares forman parte de la deuda del año pasado o si se está pagando desde enero.
El 6 de agosto de 2020, durante la sesión en la que se aprobó el contrato inicial, se informó que cobrarían en aquel momento, 1.250.000 dólares por sus servicios. El contrato sigue sin hacerse público.
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En el informe de la Comisión de Finanzas también se lee que:
“Por otra parte, en relación La Sección 12 (b) se modificará y reformulará estableciendo que el Agente de Desembolso proporcionará al Administrador una factura por sus honorarios, tal como se establece en la Parte I del Anexo E, asimismo, el Administrador pagará dicho monto. Para evitar dudas, las tarifas de administrador, como se establece en la Parte I del Anexo D del presente, no incluyen las tarifas de agente de desembolso”.
También se señala que el contrato mantendrá los términos de Ley y será regulado e interpretado por las leyes del estado de Nueva York así como las disputas que puedan surgir mientras que la ley venezolana regulará los asuntos de políticas públicas relacionados con las facultades del Consejo de Administración del Gasto.
Pero además, se deja constancia que, “en cuanto a la responsabilidad personal, es claro en indicar que ningún miembro del Consejo será personalmente responsable de ningún acto u omisión o conducta alguna del Consejo o de la República”.
Ni en el informe presentado este 9 de febrero ni en la sesión se explica a detalle cuánto ha sido usado de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, el cual tenía 80 millones de dólares disponibles y que contaban con licencia de la Ofac.
Entre los montos que sí conocen están el desembolso de casi 4,5 millones de dólares a través del bono Héroes de la Salud; El pago a diputados por el orden de un millón 182 mil dólares y el pago a bufetes por deudas acumuladas entre 2019 y 2020 que ascienden a 18.749.681,49 dólares.
