Caracas.- Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó a través de sus cuentas en Twitter e Instagram, el lunes 15 de enero, que se encontraba cercado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional (GN), en el kilómetro 16 de El Junquito.
Aseguró que su vida estaba en riesgo y que, pese a su deseo de rendición, los organismos de seguridad estaban dispuestos a asesinarlo. En uno de sus videos declaró: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos. Literalmente, nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.
El martes 16 enero, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, aseguró que tras un enfrentamiento entre lo que denominó un grupo terrorista y los cuerpos de seguridad, murieron a siete personas, entre ellas, a Óscar Pérez.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega, asegura que la muerte de Pérez ocurrió en medio de una ejecución extrajudicial. ¿Pero qué significa esto? El Pitazo consultó a representantes de organismos de defensa de los derechos humanos para informar a sus lectores:
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El 19 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional, mencionó los ataques a bases militares por parte de grupos no identificados y declaró haber ordenado a las Fuerzas Armadas que “donde se aparezcan, plomo con los grupos terroristas, plomo con ellos”.
El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), a través de un comunicado público, aseguró que «las ejecuciones extrajudiciales se derivan de una acción intencional para privar arbitrariamente la vida de una o más personas, por parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia. La Ejecución Extrajudicial se considera un acto deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental».
Con respecto a los hechos ocurridos el lunes 15 de enero, solicitan «llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial (…) con el fin de establecer las responsabilidades que sean pertinentes».
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