Foto: Referencial
Caracas.- Durante una reunión del Consejo de Estado, Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión especial para reformar el sistema judicial de Venezuela, que se enfocará en resolver los problemas del retardo procesal y el hacinamiento de reclusos en los centros de detención.
Dicha comisión estará presidida por Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional oficialista electa el pasado 5 de diciembre, junto a Cilia Flores, también diputada de ese parlamento y Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta comisión tiene un plazo de 60 días “para que solucione de manera profunda y de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado por el sistema de justicia”, dijo Maduro la noche de este 21 de junio.
Esta reforma anunciada por Maduro no es la primera intención del chavismo de cambiar el sistema de justicia del país.
LEE TAMBIÉN
Maduro crea comisión para renovar el sistema judicial presidida por Diosdado Cabello
El proceso constituyente impulsado por el fallecido Hugo Chávez fue la primera oportunidad que tuvo el chavismo para reformar el sistema judicial venezolano. Dicha instancia parlamentaria decretó una “Emergencia judicial” y comenzó el proceso para corregirlo.
En esa oportunidad, 491 jueces fueros destituidos por diversas razones, desde acusaciones de enriquecimiento ilícito hasta baja productividad. Estas destituciones trajeron consigo un nuevo problema: la provisionalidad de los jueces, pues ninguno de los jueces designados tenía titularidad del cargo y no aprobaron los concursos de oposición establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv).
En mayo de 2001 el máximo ente judicial del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anunció una reforma judicial que comenzaba con la adjudicación de cargos a los jueces mediante concursos de oposición, como establece la Crbv.
Este proceso fue interrumpido sin explicación y sin haber concluido la designación de jueces en todo el país. Una fuente anónima citada por Transparencia Venezuela reseña que “ganaban los abogados más preparados y más difíciles de controlar, mientras que los que tenían amigos en el TSJ no pasaban”.
Luego de la aprobación la Ley Orgánica del TSJ de 2004, en la que se elevó de 20 a 32 la cantidad de Magistrados del Poder Judicial, que son elegidos por el Poder Legislativo para un período de 12 años, comenzó la tercera reestructuración.
En 2005 el máximo juzgado desarrolló el Plan de Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius), cuyo objetivo era depurar el sistema judicial y acabar con la provisionalidad de los jueces, que rondaba el 80%. En ese proceso fueron removidos cerca de 600 jueces provisorios bajo alegatos de estar incursos en irregularidades o que no probaron su eficiencia.
Este proceso si funcionó para reducir la provisionalidad, pues unos 1.140 profesionales de las leyes fueron designados como jueces. Sin embargo, la ONG Acceso a la Justicia sostuvo que dichos cargos no estuvieron apegados al procedimiento establecido en la Crbv, pues se trató de un concurso de credenciales y no de un concurso de oposición.
LEE TAMBIÉN
Bachelet pide abrir investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
Bajo la presidencia de Luisa Estella Morales se anunció una profunda reestructuración para combatir “la corrupción, la inseguridad y la impunidad”, y fue ordenada de forma directa desde Miraflores por el entonces presidente, Hugo Chávez.
De este proceso no se ofrecieron balances oficiales, pero si se reportaron muchas jubilaciones anticipadas de jueces, cuyos reemplazos fueron nombrados a través de mecanismos distintos a los previstos en la Constitución, según denunció Acceso a la Justicia.
“Se limitaron a ofrecer cajitas felices (bonificaciones) a los jueces que pidieran jubilaciones especiales [tempranas] y así abrir espacio para nombrar a otros complaciendo peticiones de ministros, gobernadores, diputados y militares”, explicó en ese momento Fernando Vegas Torrealba, quien para la época era magistrado de la Sala Electoral, según reseña Transparencia Venezuela.
Durante el inicio del año judicial del año 2020, Nicolás Maduro propuso a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que estableció en 2017, que nombrase “una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”.
Sin embargo, un año después esta instancia legislativa cesaría sus funciones sin promulgar una nueva constitución y sin mencionar si quiera la creación de dicha comisión.
Esta propuesta de Maduro hubiese sido la quinta reforma formal del sistema judicial venezolano de la revolución bolivariana, que se han enfocado en remover jueces por diversas causas, pero no han logrado problemas como la corrupción o el retardo procesal.
De acuerdo a las cifras presentadas por el presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional oficialista, Pedro Carreño, en la sesión del pasado 10 de junio, en el país existen 38.736 reclusos en diversos centros de detención preventiva, espacios que fueron diseñados para permanecer un máximo de 48 horas.
Esta web usa cookies.