Foto: Archivo
Caracas.- Varios han sido los sindicalistas que han sido detenidos y amenazados por el gobierno de Nicolás Maduro durante el transcurso de este 2020, ante las denuncias que estos hacen a través de las redes sociales con respecto a la crisis que atraviesa el país.
Exigencias para mejorar el salario de los trabajadores y los relatos sobre la situación petrolera del país, son unas de las principales razones que tiene el Estado venezolano para arremeter contra este sector sindical antes y durante la pandemia de COVID-19 que llegó al país en el mes de marzo.
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El Pitazo te resume en claves los cuerpos de seguridad involucrados en los arrestos y amenazas contra los sindicalistas
1.- Los dirigentes sindicales Marcos Sabariego y Gil Mujica fueron apresados por comisiones de la Guardia Nacional y de Seguridad interna de Pdvsa, el 28 de enero, en la Refinería El Palito, para evitar que hicieran denuncias en público.
Marcos Sabariego fue retirado por la parte de atrás de la refinería, antes de que hiciera uso de la palabra en una asamblea para denunciar desmejoras laborales en la empresa, la corrupción gerencial y el incumplimiento de cláusulas contractuales como el Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), lo que ha causado la muerte de trabajadores que no fueron atendidos en las clínicas.
A las 6:00 pm del mismo día, familiares y dirigentes sindicales confirmaron a El Pitazo que tanto Marcos Sabariego como Gil Mujica, fueron detenidos bajo las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Dos días después, por decisión del tribunal Tercero de Control de Puerto Cabello, se les otorgó una medida cautelar de casa por cárcel.
2.- Durante una marcha pacífica organizada por los sindicatos dependientes de la Gobernación del estado Sucre, funcionarios de la Policía regional detuvieron a tres sindicalistas.
Los arrestados fueron el secretario general del Sindicato Único de los Empleados Públicos y Otros Organismos del estado Sucre (Sueples), Ramón Gómez, y los dirigentes del Sindicato de la Construcción en la entidad, Carlos Ochoa y Joel Morales.
Representantes de los obreros fueron recibidos de forma violenta por los funcionarios, quienes impidieron el paso de los sindicalistas y les rompieron los papeles que llevaba Gómez en sus manos sobre las deudas que mantiene el Ejecutivo regional con más de 27.500 padres y madres de familias que laboran en las instituciones públicas.
El 7 de febrero fueron excarcelados gracias a la presión internacional. Ramón Gómez, Carlos Ochoa y Cesar Morales están imputados por los presuntos delitos de agavillamiento, incitación al odio y alteración del orden público.
3.- Darío Salcedo, delegado sindical del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), fue arrestado el 5 de mayo después de que hiciera un reclamo por el alza de 10.000% en el costo de una bolsa de comida que entrega el gobierno de Maduro a través de los Clap.
“De marzo a abril la bolsa pasó de 15 mil a 1 millón 500 mil bolívares”, dijo a El Pitazo en su momento, Alexandra Reinosa, esposa de Salcedo.
El 22 de mayo fue trasladado al Cicpc de El Rosal sin que sus familiares y abogados estuvieran al tanto.
Su abogada Dorelys Montaño manifestó que el Estado venezolano han sembrado miedo en los sindicalistas. «Nos reunimos con los dirigentes sindicalistas y es de terror, tienen mucho miedo. Es feo el maltrato y la humillación», contó Montaño.
4.- La noche del 1 de septiembre fue liberado el dirigente sindical Rubén González, quien después de 21 meses detenido en la cárcel de La Pica, en el estado Monagas, recibió el indulto presidencial otorgado por Nicolás Maduro a 110 presos políticos.
Fue detenido el 29 de noviembre en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui, cuando regresaba de una marcha en Caracas en la que exigían el regreso de los tabuladores de cargo de los trabajadores de Venezuela. Desde ese momento fue trasladado hasta Maturín, estado Monagas, y juzgado por un tribunal militar por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
5.- Dos meses después de que la directiva de Venezolana de Cementos (Vencemos) prohibiera la entrada de los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Similares, Afines y Conexos del estado Lara (Sintracel) a la planta de Barquisimeto, el secretario general de la organización, Orlando Chirinos, recibió una notificación de despido el 15 de septiembre.
Para Chirinos, analista de aseguramiento de calidad en Vencemos y presidente de la Federación Única de Trabajadores del Cemento de Venezuela (Fetracemento), se trata de una medida de retaliación en su contra por exigir reivindicaciones salariales para el personal que devenga menos de Bs. 1.500.000 mensuales.
El también secretario general de Sintracel indicó que esta acción formó parte de una “escalada” del Gobierno para continuar con la judicialización de las protestas laborales. “Ya es evidente que es una práctica para desarticular el movimiento sindical y crear miedo en los trabajadores”, agregó.
6.- El coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), Rubén González, denunció que los empleados de las empresas básicas del estado Bolívar son obligados a asistir a los actos proselitistas de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
González dijo que los trabajadores reciben presiones de los presidentes y gerentes de las industrias estatales de los sectores hierro, aluminio y acero.
Apuntó que a los trabajadores los amenazan con quitarles el beneficio de alimentación. “Les han dicho por la calle del medio, que si no van les van a quitar la caja, la mortadela, los beneficios, los van a montar de cuarentena y lo único que les van a pagar son 1.300 bolívares mensualmente, esa es la verdad”, sentenció.
7.- La madrugada del 14 de noviembre fue detenido por segunda vez el dirigente sindical petrolero Guillermo Zárraga, en su vivienda en Coro, estado Falcón, por parte de una comisión del Sebin.
La detención se debió a las pretensiones del gobierno de hacerlo responsable ante las denuncias sobre los hechos que ocurren en Amuay y Cardón, refinerías del Complejo Refinador de Paraguaná.
8.- El sindicalista Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv),fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim.
Girot había denunciado en Twitter que funcionarios de ese cuerpo militar se encontraban en su residencia con la intención de arrestarlo.
Previo a esto, el dirigente sindical había denunciado en octubre que tenía información de una orden de aprehensión en su contra solicitada al Ministerio Público de Anzoátegui, por organizar y ser parte de las protestas de los trabajadores petroleros, quienes han exigido por meses mejoras socioeconómicas y contractuales de la contratación colectiva de Pdvsa.
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