Caracas.- Durante el último año, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado en diversas instancias internacionales por su ilegitimidad y por la sistemática violación de Derechos Humanos desde el Estado.
Este 5 de noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó que existe “una base razonable” para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Una conclusión similar a la de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
Esta causa llevada por la CPI sobre Venezuela se instruyó en febrero de 2018 por presuntos abusos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 y al maltrato contra presos políticos en el país.
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Desde entonces, Nicolás Maduro ha enviado funcionarios en varias oportunidades para tratar no solo esa investigación, sino para denunciar otras violaciones de Derechos Humanos contra su gobierno.
Este miércoles 4 de noviembre, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, se reunión en La Haya con la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para exponer los “avances” en el sistema de justicia de Venezuela para sancionar a los violadores de DD. HH. En dicha reunión también participó el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz.
“En nuestra exposición señalamos el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar -tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los Tribunales competentes- a los responsables de dichas violaciones a los #DDHH”, escribió Saab en su twitter.
Al terminar este encuentro, fue cuando el representante enviado por Maduro fue notificado que la CPI determinó su competencia material para investigar a fondo los hechos ocurridos entre 2017 y 2018 y determinar las responsabilidades.
Estos crimines serían asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y la desaparición forzada temporal “que el régimen de Nicolás Maduro ha ejecutado en Venezuela”, según explicó la defensora de los DD. HH., Tamara Sujú.
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Previo a este viaje de Saab, Maduro envió en febrero a su canciller Jorge Arreaza a denunciar al gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos por las “ilegales medidas coercitivas unilaterales que implementa desde el año 2014”, refiriéndose a las sanciones que gradualmente la administración de Donald Trump a impuesto a empresas y personas vinculadas al Estado venezolano.
Según Arreaza, estas sanciones deben investigarse con base en el artículo 14 del Estatuto de Roma.
“Tenemos la convicción de que las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo el canciller en ese momento.
Con miras a reforzar esta denuncia, Maduro volvió a instruir a Arreaza de presentar ante la corte internacional un informe propio sobre un fallido intento de incursión armada en nuestro país a través de las playas de Macuto, en lo que se llamó Operación Gedeón, en la que murieron 8 personas y resultados detenidas otras 17.
Más recientemente, Arreaza, junto al Defensor del Pueblo, entregaron a los representantes de la Unión Europea el informe «la verdad de Venezuela contra la infamia», con el que el oficialismo intenta desmentir la violación de los DD. HH. descrita en el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
