La noche de este 27 de julio, una nueva confrontación entre funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e indígenas de la etnia pemón tuvo lugar en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
Funcionarios de la Guardia Nacional irrumpieron en la comunidad de San Antonio del Morichal, limítrofe con Brasil, con el fin amendrentar a los indígenas locales para que dejaran de denunciar el aislamiento al que han sido sometidos durante la cuarentena radical. Sin embargo, al no hallar a los habitantes, cruzaron la frontera para buscarlos, donde fueron repelidos por las tribus del lado brasileño.
Según relataron los testigos, fue en ese momento en que los habitantes de San Antonio del Morichal salieron del monte para defender a sus compañeros, golpeando y amarrando a los militares. En videos difundidos por redes sociales, se puede ver a los uniformados bajo custodia y siendo reprendidos por los indígenas.
Esta es la cuarta vez que ocurre un enfrentamiento entre cuerpos uniformados e indígenas pemones, como parte de un conflicto que en los últimos tres años ha marcado la vida en el Parque Nacional Canaima.
Desplazamientos por minería
A las 8:00 pm del 7 de diciembre de 2018, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron en una población del sector Campo Carrao del Parque Nacional Canaima, presuntamente para apoyar una expedición minera en la zona. Los locales se opusieron a la incursión y derivó en un enfrentamiento con un saldo de un muerto y tres heridos.
En el ataque, tres presuntos agentes de la Dgcim fueron capturados por la Guardia Territorial Pemón. Igualmente, la muerte de Charly Peñaloza en el Complejo Universitario Hospitalario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar causó la indignación de la comunidad, que tomó el aeropuerto y los accesos de la población, además de quemar la reserva de combustibles de las instituciones gubernamentales cercanas.
La Fiscalía 6ta de Santa Elena de de Uairén quedó a cargo de las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha conocido los resultados de las mismas. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, declaró que desde 2015 mafias mineras que operan en Canaima han desplazado a las comunidades indígenas para la extracción ilegal de oro en sus tierras. El ministro omitió en ese momento la presunta participación de uniformados en el ataque armado.
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La masacre de Kumarakapay
El intento del gobierno interino de Juan Guaidó por ingresar ayuda humanitaria a Venezuela en febrero de 2019, acabó con represión y arremetidas de las Fuerzas Armadas, no solo en la frontera con Colombia, sino que también cobró vidas indígenas en el estado Bolívar.
Mientras en el puente internacional Francisco de Paula Santander se quemaban dos camiones con más de 20 toneladas de insumos médicos y alimentos, al otro lado del país, el pueblo pemón aprovechaba para ingresar ayuda humanitaria proveniente de Brasil. Esto llevó al gobierno de Nicolás Maduro a militarizar el municipio Gran Sabana y desencadenó una serie protestas entre las comunidades pemonas que intentaron impedir la incursión de las tanquetas y convoys militares.
Entre el 22 y 23 de febrero se produjeron ataques armados por parte del Ejército y la Guardia Nacional contra sus habitantes, siendo especialmente violenta la arremetida en el campamento Kumarakapay, donde fueron asesinados en el sitio tres personas, además de dejar a otras 14 heridas. De acuerdo a cifras de la Asamblea Nacional, la incursión militar dejó un saldo de ocho muertos, 80 desaparecidos, 57 heridos por armas de fuego y 62 privados de libertad.
Las secuelas de la masacre todavía persisten en Kumarakay y poblados cercanos como San Ignacio de Yuruaní, donde centenares de personas han sido desplazadas a Boa Vista, entre ellos el propio alcalde de Gran Sabana, Emilio González. El hecho ha sido denunciado ante diferentes instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas.
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Operación Aurora
El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales tomó por asalto el 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, ubicado en Santa Elena de Uairén, donde lograron someter al personal militar y hacerse con el parque de armas. La insurrección, liderada por por los tenientes Josué Abraham Hidalgo Azuaje, José Angel Rodríguez Araña y el sargento Darwin Balaguera, fue conocido como la Operación Aurora, y contó con la participación de al menos 30 reservistas del Ejército pertenecientes a la etnia Pemón.
Durante la huida, se produjo un enfrentamiento que acabó un soldado muerto y otro herido del bando oficialista, mientras que el grupo liderado por Balaguera y otros cinco militares fue hecho prisionero. En los días siguientes, diferentes allanamientos por parte de la Dgcim tuvieron lugar en Santa Elena y poblados como Kumarakapay, donde fueron detenidos otros 13 pemones acusados de facilitar la salida de los rebeldes a Brasil.
Los pemones detenidos fueron procesados por tribunales militares y permanecen detenidos en la sede de la Dgcim en Caracas, mientras que los líderes de la Operación Aurora, también conocida como Wey Pa’Ka, han asegurado desde la clandestinidad que continuarán su lucha para lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro del poder, aunque desde entonces no han vuelto a aparecer públicamente.
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La matanza de Ikabarú
La población minera de Ikabarú fue azotada la noche del 22 de noviembre de 2019 por un grupo de hombres encapuchados y vestidos de negro que ingresó en la mina del sector 7 y asesinó a balazos a ocho personas y dejó a otra herida. Entre los muertos habían siete indígenas pemones y un sargento retirado de la Guardia Nacional que vivía y trabajaba en la zona.
La matanza provocó un despliegue de la Dgcim que incluyó a francotiradores y helicópteros, los cuales mantuvieron militarizada la comunidad incluso después de enero de 2020. De acuerdo a la versión oficial ofrecida por el Ministerio Público, los responsables del ataque fueron miembros de la banda de «el Ciego», liderada por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien controla las zonas mineras de La Paragua y El Manteco. Murgueytio es considerado uno de los pranes más peligrosos del estado Bolívar y ha sido vinculado con otros hechos de sangre, como la masacre de Tumeremo.
Aunque ocho personas han sido detenidas por el hecho, hay sectores, principalmente dentro de la comunidad pemón, que creen que la matanza de Ikabarú no fue solamente una acción perpetrada por las mafias del oro, sino que también participaron organismos del gobierno de Maduro con el fin de desplazar a los indígenas de su territorio, declarado desde 2016 como parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.
Uno de los defensores de esta teoría es el exalcalde de Gran Sabana y líder pemón Ricardo Delgado, quien asegura que el ataque fue orquestado por la propia Dgcim, en una acción similar a la ocurrida en 2018. “Muchos testigos dicen que ellos salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, dijo al portal Runrunes.
Otra fue la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien una semana después aseguró por su cuenta de Twitter tener evidencia que vinculaba como verdaderos responsables de la masacre al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y al almirante William Serantes Pinto, para entonces jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, y actualmente comandante general de la Armada. Aunque dijo que llevaría el caso ante instancias internacionales, hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que relacione a ambos militares con el hecho.
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