Foto: Archivo
Caracas.- A través de un artículo publicado en el portal Factores de Poder, Patricia Poleo «vincula en una trama de corrupción a funcionarios del gobierno interino de Venezuela en EE. UU.» así como a los diputados Marco Aurelio Quiñones, Elías Matta (UNT), Jorge Millán (PJ); Luis Carlos padilla (AD); Luis Florido (VP); Freddy Superlano (VP); Sergio Vergara (VP); Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez (UNT).
La periodista, en el artículo publicado este 14 de septiembre, bajo el título «El chantaje del Papel Bond: testimonios y pruebas de la corrupción de funcionarios claves de Guaidó en EE.UU.» denunció que altos funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó están involucrados en actos de corrupción.
Sobre esta denuncia, Enrique Márquez, diputado de Un Nuevo Tiempo y miembro de la comisión de Política Interior de la AN, negó toda participación en los hechos señalados por Poleo, y no se considera relacionado con el tema. Otros voceros de UNT respondieron al llamado de El Pitazo, pero, al igual que Márquez, se negaron a conversar sobre el asunto.
El Pitazo procedió a iniciar contactos con Jorge Reyes y Pedro Antar, representantes de la empresa supuestamente extorsionada que aparecen en la denuncia, pero los intentos no dieron resultados positivos. Incluso, se detectó que uno de ellos posee cuenta en Twitter e Instagram, pero se encuentran protegidas.
No es la primera vez que Poleo hace pública esta clase de acusaciones que afectan al entorno del gobierno interino, ya que anteriormente reveló la existencia de un contrato «no cumplido», por 212 millones de dólares, supuestamente suscrito entre Juan Guaidó y el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, para llevar a cabo una acción militar con el fin de derrocar a Nicolás Maduro.
El Pitazo resume algunos aspectos del nuevo caso que afecta al círculo de Juan Guaidó:
1) Según el artículo, Juan Guaidó le asignó al parlamentario Quiñones la tarea de adelantar un informe ante la Asamblea Nacional sobre el contrato con el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) para iniciar con la recuperación de los bienes de Venezuela en el extranjero, bloqueados por las sanciones contra Nicolás Maduro.
2) Una vez que Guaidó recibió el informe, el diputado Quiñones le comunicó al Consorcio que debían sostener una conversación telefónica con el procurador José Ignacio Hernández
3) Entre agosto y septiembre de 2019, Hernández sostuvo conversaciones con directores del Consorcio. En la primera conversación se trató la gestión de Recuperación y Toma de Petrocaribe, mientras que en la segunda donde se incluyó a Yon Goicochea y al presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, Luis Augusto Pacheco Rodríguez, para revisar el porcentaje de recuperación, así como también las firmas de abogados que participarían en la gestión de la recuperación de los activos.
4) Hernández estuvo de acuerdo con la firma de abogados del consorcio; sin embargo, el porcentaje final que se acordó -18%- de honorarios del consorcio, estaba por debajo del rango de las tarifas internacionales fijadas para recuperaciones de este tipo.
5) A mediados de octubre de 2019, los diputados de la AN mencionados anteriormente le comunicaron al consorcio que el procurador Hernández “no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato” y por ende la Asamblea Nacional había decidido para cerrar la negociación, dejar a cargo del contrato a la Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, por lo que los representantes del Consorcio comenzaron a negociar con Javier Troconis
6) Javier Troconis, comisionado Presidencial del gobierno interino para Gestión y Recuperación de Activos, habría autorizado a los hermanos Fernando y Magin Blanchard para finiquitar el acuerdo.
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7) El 23 de diciembre del pasado año, Fernando y Magin Blanchard se reunieron con los representantes del consorcio, Jorge Reyes y Pedro Antar, en su oficina en El Doral, para escribir en una hoja blanca de papel bond las condiciones que habría exigido Javier Troconis a cambio de firmar el contrato.
8) Entre las condiciones de Troconis destaca el pago de 750 mil dólares de comisión. Asimismo, del 18% de los honorarios del consorcio exigían el 50%, «convirtiéndose así en socios de la empresa que ellos mismos contrataban», según el texto de Poleo.
9) Poleo sostiene que Juan Guaidó no ha logrado recuperar en su totalidad los activos porque el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) que presentó una propuesta para recuperar los bienes de Venezuela ubicados en los países que forman parte de Petrocaribe, «se negó a pagar las comisiones y coimas» que exigía cada uno de los funcionarios del gobierno interino a cambio de firmar el acuerdo.
10) La periodista concluye que dichos acuerdos no fueron finiquitados debido a que la empresa Caribean Recovery Assets Car Consortium no quiso acceder, alegando que «complacer a estas solicitudes es cometer un crimen federal en EE. UU.».
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