Caracas. La alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó este lunes, 9 de septiembre, la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
En la presentación celebrada en Ginebra, Bachelet precisó que “la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”.
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Por tal razón, señaló que mantiene su compromiso de cooperar con las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro “para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas” en su informe anterior.
Las siguientes son los señalamientos que recoge Bachelet en la actualización de su informe.
Bachelet afirmó que se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Caracas, y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante su visita al país en junio.
Bachelet expresó que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (Faes) de la Policía Nacional en algunos barrios de Venezuela. “Tan solo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las Faes en Caracas.”, dijo.
Al respecto, subrayó que los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en su informe de junio “y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”.
“Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las Faes y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las Faes ha recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, reseñó.
Sobre la situación penitenciaria y de detenidos, Bachelet constató “avances recientes”.Confirmó que el 6 de septiembre un miembro de su equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde (sexta visita a prisiones desde marzo).
“Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina”. Sin embargo, precisó que queda pendiente la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales.
“El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido siete casos prioritarios que esperamos que se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años”, afirmó la alta comisionada.
Dolarización de facto exacerba desigualdades
Bachelet señaló que la situación económica y social “sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas”. “La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”, manifestó.
Indicó que, al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. “La dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”, advirtió.
Bachelet insistió en el impacto negativo de las sanciones de Estados Unidos en los derechos humanos. Al respecto, afirmo que “pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general». «Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”, dijo.
Bachelet sostuvo que persisten “serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos”. Sobre este tema, se hizo eco de las cifras de la ONG Cáritas, que registró 35% de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.
En relación con el derecho a la salud, expresó su preocupación por “el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas”.
“Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser trasplantados en el marco de programas estatales”, añadió.
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Asimismo, indicó que en los últimos meses “al menos cuatro niños habrían fallecido durante la espera”. Con todo, Bachelet advirtió “un paso positivo”: según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.
Bachelet llamó a las autoridades del sistema de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales de los casos de muertes en el contexto de protestas. Sobre el tema, recordó que en julio el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por el homicidio de Bassil Dacosta, y la captura en España de uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera.
Bachelel mostró su preocupación por el aumento de militares en el territorio del pueblo indígena pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes warao en julio, presuntamente por efectivos de las Faes; las muertes de una mujer indígena warao embarazaday una niña de seis años, así como la muerte de un líder indígena curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional.
“Me preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios”, dijo.
Bachelet señaló que desde la presentación de su informe en julio pasado, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), levantó la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados a la Asamblea Nacional, lo cual eleva el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio. “Confío en que mi oficina pueda visitarlos pronto«, agregó.
Bachelet expresó su rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a cinco años y nueve meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto, por hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical.
“Su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, alertó.
Bachelet lamentó las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. “Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático.Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria”, manifestó.
Bachelet indicó que su oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, a personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares.
“Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Bachelet alentó a las autoridades a investigar las denuncias de tortura, castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar medidas para evitar su repetición. Al respecto, citó el caso del asesinato del capitán Acosta Arévalo, quien murió bajo custodia el 29 de junio. “Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la Dgcim habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura”, señaló.
Bachelel celebró los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida de los migrantes venezolanos, pero dijo que estas medidas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio, ya que pueden incrementar la migración irregulary exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación.
“Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, dijo.
Aseguró que su oficina sigue documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados.
Bachelet reiteró su llamado al Gobierno y a la oposición a superar sus diferencias y dar prioridad a la negociación, que considera como “la única manera para superar la actual situación”.
“Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de diálogo que la comunidad internacional está impulsando”, declaró.
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