Cárcel de Ramo Verde. Foto cortesía: Diario La Región
Caracas.- Mediante el decreto 4.610 publicado en la Gaceta Oficial 42.125 el pasado 12 de mayo, se ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Esa decisión del gobierno de Maduro implica trasladar a los presos políticos bajo custodia de esas instituciones a cárceles comunes, donde corren más riesgos debido a la alta tasa de hacinamiento y al poco acceso a atención médica adecuada.
Por otra parte, la ONG Foro Penal reportó este 17 de mayo que en Venezuela se mantienen 306 presos por razones políticas: 284 hombres y 22 mujeres; 179 civiles y 127 militares; 305 adultos y 1 adolescente.
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Estos son algunos de los presos políticos bajo custodia de ambos entes:
Raúl Baduel es un militar detenido desde 2009, acusado de corrupción durante su permanencia como ministro de Defensa durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez. Fue sentenciado a ocho años de cárcel, que cumplía en Ramo Verde hasta 2015, cuando recibió libertad condicional.
En 2017, a pocos meses de cumplir su condena, es acusado por el gobierno de Maduro por delitos en contra de la independencia e integridad de la nación. Se mantiene en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna desde 2019.
También militar que ocupó varios cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, Miguel Rodríguez Torres fue detenido en 2018 tras expresar su desacuerdo con las políticas de Maduro. Fue acusado de atentar contra la patria y por estar, presuntamente, involucrado en acciones contra la paz y la tranquilidad pública, así como en atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Estuvo detenido en La Tumba (sede del Sebin en plaza Venezuela) y actualmente cumple condena en la cárcel La Pica, estado Monagas.
Periodista y coordinador de operaciones de Voluntad Popular, Roland Carreño está detenido desde hace más de seis meses, acusado por los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció en Twitter que el dirigente estaría presuntamente planificando actos “conspirativos contra la paz democrática” y aseguró que al momento de su captura le incautaron un fusil y dólares en efectivo.
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El militar Ruperto Sánchez fue detenido en Caracas en 2014, acusado de instigación a la rebelión militar. Su esposa, Kerling de Sánchez, ha denunciado en diversas oportunidades que estos señalamientos no pudieron ser comprobados en ninguna de sus 22 audiencias. Aun así fue condenado a 7 años y 3 meses.
Cumplió cinco años de su condena en la cárcel de La Pica, estado Monagas, y fue trasladado en 2019 a Ramo Verde, en Miranda. Tanto su defensa como su esposa sostienen que a través de mecanismos de “redenciones judiciales” ya ha cumplido su condena completa.
José Eloy Rivas Díaz fue detenido en 2018 y acusado de haber participado de forma en el presunto atentado contra Nicolás Maduro, llevado a cabo con drones en agosto de 2018.
Fue condenado por cargos asociados al terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Se encuentra recluido en Fuerte Tiuna.
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