En un informe preliminar publicado el viernes 3 de diciembre, el Centro Carter concluyó que a pesar de algunas mejoras respecto a procesos anteriores, los comicios del pasado 21 de noviembre en Venezuela no fueron unas “elecciones democráticas”.

Factores como “las disposiciones legales relativas a los medios de comunicación y la libertad de expresión, la inscripción de candidatos, la suspensión de derechos políticos, la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales”, no cumplieron con “los estándares internacionales básicos para elecciones democráticas”, señala el comunicado preliminar de su Misión Internacional de Expertos Electorales,

La institución señala que “la injerencia política y gubernamental socavaron el CNE” y destaca “la exclusión de muchos candidatos clave de la oposición y la sustitución arbitraria por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de los comités ejecutivos de los partidos de oposición y disidentes chavistas”.

Elecciones en Barinas

El centro Carter condenó el robo de las elecciones en Barinas: “La reciente decisión del TSJ de suspender la totalización de los votos para la gobernación de Barinas y convocar nuevas elecciones para el estado en enero 2022, invocando la inhabilitación del candidato de la oposición Freddy Superlano, desconociendo el Decreto Presidencial del 31 de agosto de 2020, mediante el cual se concedieron indultos a 110 ciudadanos, entre los que se encontraba Superlano, es otro ejemplo de intromisión del TSJ en el desarrollo del proceso electoral”.

Cambios importantes

Sin embargo, el organismo de observación electoral destaca tres cambios importantes derivados de las negociaciones entre la oposición y el chavismo: “La recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) de manera concertada por la Asamblea Nacional (AN); la presencia de la observación internacional; y el ciclo de diálogo entre el gobierno y la oposición iniciado en México en agosto”.

Asimismo apunta que “la inclusión de personas vinculadas a la oposición como rectores del CNE abrió la puerta a una mayor confianza en la posible independencia y credibilidad del organismo”, lo que generó “mayores garantías para el electorado y los partidos de la oposición” y demostró “más independencia”.