José Miguel Oliveros fue nombrado candidato a la Alcaldía de Acevedo por la directiva nacional del Psuv | Foto referencial
Caucagua.- A pesar de estar imputado por un tribunal por cinco delitos, tras un doble homicidio, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) designó a José Miguel Oliveros Gómez candidato a la Alcaldía del municipio Acevedo, del estado Miranda, para las elecciones regionales del 21N.
El partido de Gobierno admitió su postulación a las elecciones primarias abiertas de la tolda roja celebradas el 8 de agosto. Como no obtuvo los votos suficientes, su caso fue sometido a revisión de la directiva nacional del Psuv.
El candidato del chavismo ya había pagado una condena de cinco años de prisión, por complicidad en el delito de homicidio. Fue privado de libertad en septiembre de 2009 por el asesinato de Alexander Argüello y, tras apegarse al procedimiento de admisión de los hechos, recibió sentencia condenatoria firme por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento, en diciembre de 2010, de acuerdo con la sentencia de la causa con la nomenclatura 181-696-10.
Aunque cumplió la condena ingresó a las filas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Pero en marzo de 2019 fue señalado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por un doble homicidio registrado en Guarenas, en marzo. El expediente y el caso se mantienen abiertos de acuerdo con uno de los abogados de las víctimas.
Es investigado como cómplice necesario, aunque inicialmente fue imputado como coautor, por los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, omisión de socorro y agavillamiento, contra los funcionarios de Polichacao Eligio Duarte y Fernando Lira, quienes se trasladaron a Guarenas a comprar 500 dólares y fueron emboscados en una alcabala de las Faes.
Por el caso, solo detuvieron a cinco funcionarios de las Faes, a quienes les imputaron los mismos delitos, en grado de coautores. Tras los elementos probatorios consignados por las fiscalías acusadoras, el tribunal emitió una orden de aprehensión en contra de Oliveros, en junio de 2019, cuando ya no estaba en las Faes, sino que se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Brion.
Mientras estaba al frente de esa última institución policial, en julio de 2019, Oliveros fue uno de los presuntos participantes en una fiesta en la que murió en extrañas circunstancias una funcionaria del Cicpc, en la localidad turística de Higuerote. Tras las investigaciones, la policía científica lo detuvo, por la orden de captura que pesaba en su contra.
Tras conocerse su sentencia condenatoria y la investigación, la PNB lo expulsó de sus filas, según el oficio 1769-19 de fecha 27 de noviembre de 2019, emitido por la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial de la PNB.
Sin embargo, en enero de 2020, la fiscalía décima del Ministerio Público cambió la imputación de coautor a cómplice necesario y el tribunal le dio el beneficio de medida cautelar sustitutiva de libertad, lo que se conoce como libertad condicional bajo régimen de presentación, mientras continúen las investigaciones. A pesar de la libertad condicional fue nombrado director de la Policía Municipal de Acevedo, donde comenzó su campaña para la alcaldía.
Alexis Lira, abogado de las víctimas, entregó a El Pitazo copias de los documentos incluidos en el expediente de su caso, entre los que destacan la sentencia condenatoria y la expulsión de la PNB y parte del expediente abierto en su contra, por el homicidio de los Polichacao.
“Allí están las pruebas que dejan ver quién es ese señor. En el caso de Fernando Lira y Eligio Duarte, Oliveros es uno de los imputados, con elementos probatorios suficientes que demuestran su responsabilidad, pero está libre. Lamentablemente, el sistema judicial venezolano no ha permitido que en este caso se haga justicia”, señaló.
Lira agregó que, en la investigación que se mantiene abierta en su contra, a Oliveros le fueron imputados los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, agavillamiento y omisión de socorro. El caso se encuentra engavetado.
“Al haber suficientes elementos de convicción y pruebas, el Ministerio Público ha debido acusarlo. Si no los hubiese, se debía decretar un archivo fiscal, o se habría realizado un sobreseimiento. Pero como sí los hay han decidido dejar el caso metido en una gaveta. No han acusado, no han sobreseído, ni han archivado”, añadió el especialista en derecho penal.
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su título V, capítulo I, artículo 122, numeral 2, indica que: “no podrán optar a los cargos de elección popular previstos en el presente Reglamento quienes hayan sido condenadas o condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas, u otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la Ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.
Al admitir la postulación de Oliveros, el Psuv tampoco respetó sus propios estatutos. El reglamento interno que rigió las elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela establece en su título II, capítulo I, artículo 6, numeral 4, que para ser postulado o postulada se requiere «no haber sido sentenciado o sentenciada por delito penal alguno».
La integrante de una UBCh del municipio Acevedo, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, declaró a El Pitazo que José Miguel Oliveros no debe ser el candidato a la Alcaldía de Caucagua. “Estuvo escondido en Capaya, donde vive su familia, en los días posteriores al suceso ocurrido en Guarenas. Insólitamente ha sido director de dos cuerpos policiales aquí en Barlovento. El Psuv no debe permitir que ese hombre sea nuestro candidato, no nos representa”, concluyó.
Este no es el único caso de un candidato del Psuv cuestionado por alguna acusación en su contra. En el municipio Juan Germán Roscio, de Guárico, el postulado por el oficialismo Christopher Costant tiene una denuncia en su contra por agredir a su expareja, la periodista Virmalia García. Cuando se conoció la denuncia por primera vez en mayo de este año, el político respondió a través de Instagram. Negó las acusaciones y expresó que sería incapaz de dañar a alguien, “menos a quien con amor quise unirme para formar un hogar y planificamos una hermosa niña”.
El sábado 18 de septiembre, El Pitazo se comunicó con José Miguel Oliveros a través de un número telefónico que termina en 71. La respuesta recibida fue la siguiente: “Disculpe, pero creo que está equivocado sería bueno que me hiciera una entrevista donde con gusto le respondo sus preguntas con documentos y realidades”. A partir de ese día se le pidió informar sobre fecha, hora y lugar para la entrevista, pero no se recibió una nueva respuesta.
En los días siguientes, el equipo de este medio realizó otros intentos para comunicarse con el candidato del Psuv en el municipio Acevedo, incluyendo llamadas al mismo número telefónico el día miércoles 22 de septiembre. Uno de sus asistentes atendió en dos oportunidades y manifestó que se encontraba en una actividad política.
El viernes 24 de septiembre se le envió un mensaje con nueve preguntas acerca de su situación frente a los casos penales. Al cierre de esta edición, aún se espera una contestación de Oliveros.
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