El comisionado para las Relaciones Exteriores del gobierno encargado, Julio Borges, presentó su balance de gestión, este jueves 27 de agosto, ante la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Borges señaló que hay un total de 35 embajadores repartidos en los cinco continentes que trabajan ad honorem.
Explicó que además del trabajo de estos embajadores, existen grupos de trabajo orientados en varios temas la aplicación de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), la doctrina de Responsabilidad para Proteger (R2P), la denuncia del «oro de sangre» del Arco Minero de Orinoco, conversaciones exploratorias para una nueva relación con la Comunidad Andina, entre otras misiones diplomáticas.
Todos estos grupos de trabajo tienen varios objetivos, según señala Borges. Uno de ellos, es identificar y ejercer presión a los aliados de Maduro como China, Cuba, Rusia e Irán.
Otro es lograr que Europa ejerza mayor presión contra el oficialismo, así como explicar al mundo propuestas para el cambio político en Venezuela como el Gobierno de Emergencia Nacional, el Plan País, o la importancia de elecciones presidenciales libres y transparentes.
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Otro de los objetivos, dijo Borges, es lograr judicializar en la mayoría de los países a miembros del gobierno de Maduro involucrados en corrupción, narcotráfico y el crimen organizado. “Es la plantilla estratégica a la cual se le hace seguimiento semanal”, manifiesta el diputado.
En cuanto al Grupo de Lima, una de las plataformas claves del gobierno interino, Borges resaltó que hayan logrado un comunicado conjunto y ha logrado “que Maduro sea visto como una amenaza en la región”.
También destacó el Tiar como herramienta de persecución contra funcionarios del chavismo implicados en delitos y las medidas de sanciones contra 32 funcionarios, así como otros 2.000 que están bajo investigación. Siguiendo con las sanciones, Borges recordó que la Unión Europea, “aunque sea conservadora”, ha sancionado a 16 funcionarios del gobierno de Maduro ligados a torturas y represión.
Por su parte, Estados Unidos ha sancionado a 36 funcionarios a quienes relacionan con narcoterrorismo y violación de derechos humanos, más la judicialización de 13 funcionarios a quienes se les señala de narcoterrorismo. También el trabajo que ha venido realizando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac por sus siglas en inglés). Asimismo, destacó las investigaciones que existen contra Alex Saab en varios países y que dice, iniciaron en la Asamblea Nacional.
Por otro lado, destacó el trabajo de varias embajadas en América Latina para ayudar a la diáspora que no cuenta con recursos a través de entregas de mercados. Estas actividades se han hecho sobre todo en Colombia y Brasil, según explicó el diputado.
Tal como hiciera el diputado Miguel Pizarro el miércoles en su comparecencia, Borges señaló que no son suficientes los recursos para ayudar a la diáspora, ya que los países de la región tienen sus propios problemas y que por ello, se organizó la conferencia de donantes hace unos meses.
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Julio Borges manifestó que una de las labores de su oficina es que “América Latina sepa que para China tiene un costo reputacional estar atado a la dictadura (gobierno de Maduro)”. Además, asegura que no se ha logrado la transición por la presencia de Cuba en Venezuela.
También se refirió a la preocupación que dice, existiría en la comunidad internacional por la relación entre Irán y Venezuela. De hecho, indicó qué hay un grupo dedicado a investigar los convenios con Irán.
En cuanto a Argentina y México, sostuvo que hay que hacer esfuerzos por mantenerlos “dentro de la cancha”.
“Maduro está arrinconado y son sus aliados los que lo sostienen”, aseguró, al tiempo que dice que Argentina y México ya no les interesa defender a Maduro, pero que hay que trabajar para que sean interlocutores.
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Consultado sobre qué acciones prepara su oficia próximamente, Borges dijo que buscarán que desde la comunidad internacional se contribuya a lograr la transición, aunque aclaró que ese trabajo debe darse en simultáneo con la presión interna porque, para él, “el gobierno de Maduro está fracturado”.
Insistió en que buscarán hacer llegar el mensaje a las demás naciones, sobre todo en Europa, que el gobierno de Maduro es “perjudicial a lo interno y para la región”. También articular mucha mayor fuerza y que actúe proporcionalmente a como actúa Maduro. “Eso hay que construirlo”, dijo.
Se refirió también a la necesidad de ampliar la lista de aliados del gobierno interino, y en ese sentido, destacó los acercamientos que su despacho ha logrado con países antes neutrales como Italia y Chipre e Israel.
Aunque asegura que los aliados seguirán apoyando a Juan Guaidó en 2021, no precisó si su oficina ha discutido con la comunidad internacional la continuidad de la Asamblea luego de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Tampoco hizo mayor énfasis en las actividades concretas que se han venido realizando para atender a la diáspora más allá de las actividades de distribución de mercados.
Borges decidió no pronunciarse sobre la política interna en cuanto al proceso del próximo 6 de diciembre y la posible posición de Henrique Capriles de apoyar la participación así como tampoco respondió qué pasaría en ese escenario con los aliados.
En relación a la diáspora, dijo que se viene trabajando en el Registro Consular, el cual lleva, hasta ahora, medio millón de personas inscritas.
Reconoce que ha sido complicado por la falta de recursos para trabajar y comunicación, pero asegura que es el primer paso para unificar y lograr conseguir que muchos venezolanos en el exterior tengan derecho a la identidad.
Al respecto, propuso una sesión de trabajo sobre este tema y que la Asamblea Nacional finalmente nombre a una directiva o comisión que articule para poner a andar el proyecto.
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