Ginebra.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves, ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, una nueva actualización oral de la situación en Venezuela y pidió que se abran investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales. También recordó la necesidad de reformas policiales.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Al menos 14 personas habrían muerto a inicios de enero en La Vega, Caracas», dijo.
Maduro y Bachelet conversaron sobre impacto de sanciones y medidas contra el COVID-19
Bachelet se hace eco de informes de ONG que señalan que al menos un tercio de los venezolanos estaría en inseguridad alimentaria. Señala que, desde septiembre, el acceso a servicios básicos se ha visto más limitado por la pandemia, lo que ha generado protestas.
Por su parte, Cáritas indicó que la pandemia incrementó en cinco veces la inseguridad alimentaria y otras carencias.
La Alta Comisionada dice estar preocupada ante las recientes medidas contra ONG y las denuncias de persecución e intimidación a periodistas y miembros de la sociedad civil, así como a los miembros de la AN electos en 2015 y sus familias.
Bachelet recuerda que, ante un nuevo proceso electoral, el respeto a las libertades fundamentales es necesario para tener credibilidad.
La Alta Comisionada saluda decisiones tomadas para reducir retardos procesales y hacinamiento en centros de reclusión. En ese sentido, reitera la solicitud para que miembros de su oficina en Venezuela puedan acceder a centros de detención.
Bachelet presentó su actualización sobre la cooperación y asistencia técnica con Venezuela
Por su parte, representantes del gobierno de Maduro se remiten al informe preliminar presentado por la relatora Alena Douhan para señalar que las sanciones son responsables de los problemas en los servicios básicos.
En cuanto a las reacciones, la UE, Perú, Brasil, Ecuador, España y Uruguay, entre otros, manifestaron preocupación por restricciones al espacio cívico, así como ejecuciones extrajudiciales y solicitan que Venezuela permita el ingreso de más relatores.
Países como Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia y China se refieren a las sanciones como «medidas coercitivas», responsables de las dificultades que atraviesa Venezuela y piden que se respete la soberanía del país.
Reino Unido respondió al informe preliminar de la relatora Alena Douhan, aclarando que el Banco Central inglés que mantiene congelado el oro venezolano no tiene vinculación con el Estado.
María Corina Machado también tuvo un derecho de palabra y calificó al gobierno de Maduro como un estado “mafioso y criminal”. Se preguntó cuántos muertos más hacen falta para que la comunidad internacional actúe.
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Cofavic señala que registró 1.498 ejecuciones extrajudiciales en 2020. Se refiere a lo sucedido en La Vega, donde habrían muerto más de 20 personas y señala que, hasta el momento, se desconoce si lo ocurrido allí está siendo investigado.
Por su parte, Amnistía internacional dice que sigue documentando violaciones a los Derechos Humanos. Se refiere a 14 asesinatos extrajudiciales documentados en La Vega y considera que la impunidad es sistemática.
Con información de Gabriela González
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