Caracas.- Los representantes de los poderes públicos del gobierno de Nicolás Maduro, presentaron este 23 de septiembre su propio informe de DD.HH. realizado en Venezuela. Aseguraron que este documento fue elaborado con el apoyo de organismos y organizaciones del país y que será presentado en las próximas horas al gobernante Maduro.
La información fue dada a conocer a través de una rueda de prensa realizada de manera conjunta por el Fiscal General de la República, designado por la ANC, Tarek William Saab, el Canciller de la República, Jorge Arreaza y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Saab explicó que el informe que presentan recoge las actuaciones de los distintos organismos en cuanto a las denuncias de violaciones a los DD.HH. Indicó que las instituciones venezolanas tienen el mandato constitucional para actuar contra cualquier abuso a los DD.HH. y conseguir una sanción.
«Nosotros, como instituciones, somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los Derechos Humanos. Este informe es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de derechos humanos», manifestó Saab.
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El informe que presentan los representantes de los poderes públicos del régimen de Maduro surge en contraposición al elaborado por la misión de la ONU y presentado recientemente, en el cual acusan al gobernante Maduro y a los miembros de su equipo de cometer violaciones a los DD.HH y utilizar políticas de tortura, asesinatos, detenciones y persecuciones como un mecanismo para callar no solo a la vocería política opositora sino también a los ciudadanos que salieron a protestar en el año 2014..
A juicio de Saab y del canciller, Jorge Arreaza, este informe de la misión de la ONU solo busca echar por tierra el trabajo realizado por la Alta Comisionada para los DD.HH. Michel Bachelet. Argumentaron que ha sido pagado por el Grupo de Lima para perjudicar al gobierno de Maduro.
«Quiero reiterar que el objetivo de aquel informe de facto es dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata de un texto elaborado por una comisión ad hoc pagado por el Grupo de Lima que, como bien sabemos, es enemigo del pueblo de Venezuela», dijo Saab.
El fiscal designado por la ANC, resaltó que en el informe realizado por las instituciones del gobierno de Maduro se destaca la actuación del Ministerio Público y las sanciones implementadas contra quienes han incurrido en violaciones a los DD.HH.
«Hemos imputado a 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos. Esto para un total de 638 imputados por los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros delitos contemplados en nuestra legislación», dijo Saab como parte de las cifras presentadas.
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El fiscal designado por la ANC también alegó que los miembros de la Misión Internacional Independiente de la ONU que presentaron el informe en el que acusan a Maduro de violar DD.HH. no se reunieron ni una sola vez, ni se comunicaron con los representantes del Ministerio Público venezolano.
Por su parte el canciller, Jorge Arreaza, aseguró que desde el Gobierno de Venezuela trabajarán por invalidar el informe presentado por la Misión Independiente de la ONU y señaló que ninguna instancia de las Naciones Unidas ha aprobado ese texto.
«La representación de la ONU que vela por los DD.HH. se encuentra en Venezuela y ha incrementado su presencia en el país. Mantenemos cooperación y comunicación constante con ellos», dijo.
El canciller de Maduro también especificó que en esa consulta hubo 19 votos a favor y 21 abstenciones. Detalló que votaron a favor de la resolución: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania, Reino Unido, entre otros. «Países que no reconocen al gobierno legítimo de Maduro«, añadió.
Arreaza también argumentó que las fuentes consultadas por la comisión de verificación de hechos son secundarias. «No hay familiares ni testimonios. Apenas el 15 por ciento es válida y seguramente está en manos de la comisionada Bachelet», expresó.
Señaló que en el caso de Juan Requesens y Leopoldo López, las fuentes utilizadas fueron sacadas mayoritariamente de medios digitales.
«En el caso de Juan Requesens, las fuentes utilizadas en el supuesto informe fueron en un 83 por cientos redes sociales y medios digitales. Sobre Leopoldo López, el 43 por ciento de las fuentes revisadas fueron medios digitales y el 35 por ciento redes sociales», mencionó Arreaza.
El informe de la Misión Independiente de la ONU que es rechazado por los representantes del gobierno de Maduro, señala que en Venezuela existe una política sistemática de violaciones a los DD.HH. y que además el régimen ha estado negado a que se realicen las averiguaciones pertinentes en cada uno de los casos.
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