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El informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas este miércoles, 16 de septiembre, dejó en evidencia los abusos cometidos durante los últimos seis años por la administración de Nicolás Maduro, así como su violación sistemática de los derechos humanos a través de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos de civiles armados.
Lo revelado por la ONU confirma ante los ojos de la comunidad internacional los casos de persecución política, represión, desapariciones forzosas, tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por el oficialismo desde el año 2014, e insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a tomar acciones para que «se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados».
Todo el trabajo realizado no fue hecho de un día para otro, y forma parte de un largo proceso que han llevado defensores de los derechos humanos, organizaciones y comisiones de la Asamblea Nacional para presentar al mundo la realidad venezolana, en contraposición a la versión que los diplomáticos del gobierno de Maduro han esgrimido para defenderse de lo que califican como «injerencismo» por parte de las más de 60 naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado.
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El nombramiento de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU fue fundamental para armar el rompecabezas de la situación en Venezuela. Una de sus primeras tareas luego de ocupar el cargo el 1º de septiembre de 2018, fue atender la grave crisis política, social y humanitaria que sufría el país.
Ya el anterior comisionado, el príncipe jordano Zeid Ra’ad al Hussein (2014-2018) había centrado su gestión en denunciar la represión estatal a las protestas de 2014 y 2017, así como las ejecuciones extrajudiciales y el éxodo masivo de venezolanos a otros países latinoamericanos. Aunque en 2018 solicitó tanto a la CPI como al Consejo de Derechos Humanos de la ONU investigar al gobierno de Maduro, ambos entes fueron poco receptivos.
El 19 de junio de 2019, Bachelet llegó a Venezuela en una visita de tres días donde se reunió con representantes de los poderes públicos y del gobierno de Maduro, pero también con diputados de la Asamblea Nacional, organizaciones no gubernamentales (ONG), gremios, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos. Allí evidenció de primera mano las denuncias hechas previamente por Zeid, además de las terribles deficiencias en materia de servicios públicos, salud y alimentación que afectan a sus ciudadanos, por lo que nombró un equipo de observación permanente que desde entonces se ha encargado de monitorear la evolución de la crisis venezolana.
De lo recogido en su visita, Bachelet elaboró un informe presentado el 5 de julio en el que, entre otros puntos, recomendó al Estado venezolano investigar los casos de tortura y asesinato en los calabozos de los cuerpos de seguridad, liberar a los presos políticos y disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana por su relación con múltiples casos de brutalidad policial y ejecuciones extrajudiciales. Dicho informe fue actualizado el 5 de septiembre y posteriormente el 8 de diciembre, cuando fue presentado en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos. En su última actualización realizada en julio de este año, Bachelet destacó la poca voluntad por parte de las autoridades venezolanas en cumplir con las recomendaciones del informe.
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Durante la 74ª Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York en septiembre de 2019, Venezuela contó con una doble participación, representada por dos extremos totalmente opuestos y en conflicto: por un lado, estuvo la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, y por el otro, fue invitada una delegación especial por el gobierno interino de Guaidó.
El equipo nombrado por Guaidó estuvo conformado por el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, el embajador del gobierno interino en EE. UU., Carlos Vecchio, y el diputado Miguel Pizarro, quien quedó como representante de Guaidó ante la ONU. Aunque la delegación acudió como invitada especial y no como representante oficial de Venezuela, sí tuvo la oportunidad de reunirse con los líderes de diferentes países a los que solicitó incrementar las presiones contra Maduro. A nivel regional, las gestiones realizadas por Borges sentaron las bases para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).
La voz de los delegados de la oposición también sonó durante la asamblea a través del presidente de Colombia, Iván Duque, quien en su discurso denunció la presencia de grupos de narcotráfico y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en territorio venezolano, los cuales actúan en complicidad con el gobierno de Maduro. Su argumento fue luego rebatido por Delcy Rodríguez, quien acusó a Colombia de atacar y desestabilizar a Venezuela en conjunto con EE. UU., cuyas sanciones tildó de «terrorismo económico».
Cabe destacar que a pesar de que Pizarro ha mantenido un trabajo estrecho con funcionarios y representantes de diferentes órganos de las Naciones Unidas, en diciembre el propio comité de la Asamblea General renovó las credenciales del enviado diplomático de Maduro, Samuel Moncada, lo que le ratifica de manera oficial como el embajador de Venezuela ante la ONU. No obstante, desde mayo de 2018 Mocada posee una restricción de movilidad impuesta por las autoridades estadounidenses que lo limita a un rango de 25 millas dentro de Nueva York.
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Con base en los informes presentados por Bachelet y las constantes denuncias realizadas por ONG venezolanas e internacionales sobre el deterioro del Estado de derecho en Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió el 27 de septiembre de 2019 emitir la resolución 42/25, con la cual creó una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, «para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas».
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 47 países, entre los que destacan Argentina, Uruguay, Brasil, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Japón. La propia Venezuela forma parte de este órgano desde 2019 y hasta 2022, lo que ha generado el rechazo de gran parte de la comunidad internacional, al no ser la primera vez que un país con una situación de derechos humanos cuestionable ha obtenido un curul.
El 2 de diciembre de 2019, la Presidencia del Consejo nombró al equipo que conformó la Misión, la cual estuvo encabezada por la jurista portuguesa Marta Valiñas, en compañía del británico Paul Selis y el chileno Francisco Cox. También contaron con un equipo de funcionarios, expertos y asesores legales, los cuales apoyaron en las investigaciones. La Misión operó desde la Ciudad de Panamá y no pudo visitar Venezuela principalmente debido a que no recibieron invitación del gobierno de Maduro, incluso después de enviar siete veces la solicitud. La pandemia de COVID-19 fue otro factor que impidió a los investigadores poder viajar hasta el país.
A pesar de las limitaciones de movilidad y otros obstáculos como la imposibilidad de garantizar la seguridad de los testigos o contactarlos por los cortes eléctricos y de internet en Venezuela, el equipo de la Misión logró recoger los testimonios de las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como suficiente material proveniente de entrevistas y reportajes en medios de comunicación, informes de diferentes ONG e instituciones y documentos confidenciales.
En este sentido, también fue clave la colaboración de antiguos funcionarios del chavismo en situación de exilio como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien pasó de ser parte del aparato de persecución judicial durante el gobierno de Hugo Chávez, a recoger los expedientes sobre los casos de represión y violencia de la administración de Maduro. También fue una pieza clave el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el general Christopher Figuera, quien proporcionó información sobre el funcionamiento del cuerpo de seguridad y sus métodos.
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