El proyecto de ley de amnistía, que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 22 de enero, puede convertirse en un cheque en blanco que lleve a la impunidad, advirtieron abogados a El Pitazo este lunes 28 de enero. La normativa que se encuentra en fase de consulta pública trae algunos vacíos legales que deben resolverse lo más pronto posible.
El especialista en derecho penal y justicia transicional, Fernando Fernández, aseguró que en el proyecto debe quedar expuesto que solo se olvidarán los delitos políticos, tales como traición a la patria, usurpación, ultraje, vilipendio, violación del derecho internacional, rebelión, conspiración; todos los delitos que tengan que ver con el poder porque lo cuestionan o con la libertad de expresión.
Mientras que aquellos que han sido señalados de violaciones graves contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no podrán gozar de este beneficio, tal como lo expresa el artículo 29 de la Constitución. A pesar de que se hace mención de este apartado en el proyecto, debe explicarse con mayor profundidad.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, indicó a El Pitazo que no hay una definición sobre cuáles son las graves violaciones a los derechos humanos, como en la ley de amnistía del 2016, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. En aquel instrumento se especificó que los funcionarios, autoridades o civiles que cometieron torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales, esclavitud y desaparición, no recibirían amnistía.
“La ley de este año es muy genérica; no establece detalles que pudieran favorecer la impunidad; facilita que los culpables evadan su responsabilidad”, dijo.
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De acuerdo con el Estatuto de Roma, los ataques sistemáticos contra una población civil son denominados crímenes de lesa humanidad.
El pasado 21 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que el proyecto de amnistía amparaba acciones delictivas “siempre y cuando sea para colaborar en el presunto restablecimiento del orden democrático. Es decir, que rige por hechos futuros e inciertos”.
Al respecto, Daniels argumenta que, en efecto, se perdonan a futuro a quienes colaboren con la recuperación del sistema democrático, lo cual es imposible desde el punto de vista jurídico. Incluso el Foro Penal Venezolano advirtió recientemente que “no se puede olvidar una conducta que no ha sucedido”.
Ahora bien, hay otros delitos que reciben un trato especial, de acuerdo con la explicación de Fernández. Los imputados por delincuencia organizada, corrupción, droga o delitos ambientales, pueden ser enjuiciados de forma atenuada, de colaborar con la justicia; lo cual se traduce en una disminución de la pena. Sin embargo, estos delitos tampoco están presentes en el proyecto de ley de amnistía que propone el Parlamento.
“Estos casos son muy importantes porque estamos hablando de que, por colaborar con la justicia, se puedan detectar y recuperar los activos”, aseguró el penalista.
A juicio de Fernández, esta ley podría significar un paso muy importante para llegar a la justicia transicional, que se trata de la creación de una jurisdicción especial para tratar los casos políticos ocurridos durante los últimos 20 años.
En este punto, habría que procurar la indemnización a las víctimas por lo ocurrido en ese periodo de tiempo.
En una entrevista que ofreció el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asomó la posibilidad de otorgar amnistía a Nicolás Maduro. No obstante, Fernández aclara que en este caso aplicaría el artículo 29 de la Constitución, por estar señalado internacionalmente de cometer crímenes de lesa humanidad.
Burla a los derechos humanos
Para este lunes 28 de enero estaba previsto una consulta pública sobre la ley, en la que participaría la Asamblea Nacional, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, quien estaba encargado de dirigir el encuentro, no permitió derecho de palabra a ninguno de los representantes, lo cual generó malestar.
“Teníamos mayores expectativas y no se cumplieron”, manifestó Daniels a El Pitazo al salir del Palacio Federal Legislativo.
De acuerdo con el diputado Zambrano, los interesados tendrán oportunidad de enviar las observaciones hasta el próximo lunes 4 de febrero.
“Queremos mejorar la ley, no obstaculizar el proceso ni oponernos a que haya cambios; queremos facilitarlos dentro de unos parámetros mínimos, con justicia para la víctima. No esperamos menos que eso”, apuntó Daniels.
El Pitazo conoció que, al culminar este encuentro, el diputado Zambrano pidió fotografiarse con los asistentes, pero muchos de ellos decidieron retirarse del hemiciclo de sesiones. Algunos familiares de las víctimas que viajaron desde el interior del país se sintieron decepcionados.
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