Caracas.- La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ascendido post mortem a capitán de fragata mediante decreto del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y quien muriera estando bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fue el tema central que discutió este martes la Asamblea Nacional.
El acuerdo aprobado por los parlamentarios establece condenar la actuación de los organismos de seguridad del Estado y solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviar una comisión “imparcial e independiente” para investigar esta muerte que incluya, entre otros aspectos, un examen médico forense independiente, además los tratos crueles y denigrantes que denuncian familiares de presos políticos.
También exigir a la alta comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la aplicación de los protocolos de Estambul y Minesotta, pedir que los oficiales apostados en el país continúen monitoreando la situación de las víctimas y solicitar que se realicen las gestiones necesarias para que la Cruz Roja verifique las condiciones de salud de los presos políticos.
Para los diputados opositores no basta con la intención de una oficina provisional. Exigen la formalización de los protocolos para la instalación de una oficina permanente que pueda ofrecer todas las garantías a las víctimas. Por último, solicitan la visita de la Comisión de Derechos Humanos, “en vista de la violación sistemática de los derechos en Venezuela”.
“¿Quién dio la orden de torturar?”, pregunta el también presidente del Parlamento, Juan Guaidó, que hace pública la exigencia de que permitan ver al resto de los militares detenidos el pasado 21 de junio.
Guaidó pidió “no más eufemismos, llamemos al gobierno de Nicolás Maduro como lo que es: una dictadura asesina. Y ante una dictadura, se actúa”, dijo.
Reiteró su llamado a la Fuerza Armada para que se coloquen del lado de la Constitución, pero, esta vez, agregó una pregunta: “¿Ni siquiera van a defender a sus compañeros de armas? ¿A la familia militar?”.
Los diputados cuestionaron que el gobierno de Maduro pretende resolver el caso acusando solo a dos funcionarios de la Guardia Nacional a quienes se les imputó por homicidio preterintencional, cuya pena podría ser solo 14 meses, mientras que al diputado Juan Requesens se le acusa del delito de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración con lo cual podría pagar una pena de 30 años.
No solo el caso de Acosta Arévalo generó conmoción. El caso del tachirense de 16 años, Rufo Chacón, quien acompañaba a su madre en una protesta por gas doméstico cuando la policía de la entidad reprimió la manifestación con perdigones causándole la pérdida de la visión, también fue debatido en la Plenaria.
“Una madre que pedía gas para poder cocinar para sus hijos recibió perdigones y a un hijo invidente”, sentenció Guaidó al tiempo que se solidarizó con la familia del joven, así como con los hijos del capitán Acosta.
Negociaciones ¿al congelador?
Lo que sucedió con el capitán Acosta a Arévalo parece haber influido para ponerle un freno de mano ¿temporal? al proceso que impulsa el gobierno de Noruega para lograr una salida a la crisis que vive el país.
Ese proceso tendría una tercera ronda esta semana. Guaidó fue tajante al decir que “no ha habido pronunciamiento oficial de una nueva reunión. Cuando se aproxime una solución a la crisis, sea cual sea el espacio, iremos y ustedes serán los primeros en saber”. Agregó que “nunca será el momento para mediar con unos secuestradores, con una dictadura. No nos chupamos el dedo”, manifestó.
La proximidad de una nueva reunión dependerá, explicó Guaidó, de cuán cerca se esté a una solución que lleve al cese de la usurpación.
Testimonios sobre torturas
Familiares de algunos militares detenidos narraron parte de lo que viven o vivieron mientras estaban en la sede de la Dgcim.
Keyla Flores, esposa del teniente Ruperto Molina, denunció que a su esposo y otros militares “se los llevaron engañados a una reunión a la Dgcim. Les dijeron que llevaran sus cosas y luego los detuvieron e incomunicaron. Les vendaron los ojos y les hicieron firmar una acusación”.
Denuncia que los encerraron en celdas de 2×2 y los obligaban a hacer sus necesidades en bolsas plásticas y las mantenían allí por varias semanas. En el mismo lugar en el que comían y dormían”.
El teniente de fragata Gustavo Carrero Angarita sufrió algo similar, según relata su madre, Saira Angarita, quien le dedicó un poema a su hijo y al capitán Acosta Arévalo: “(…) En Venezuela, hoy nos toca honrar a un joven capitán. Llevarlo a su última morada que, ojalá hubiese sido el mar”.
Prácticas de asfixia mediante bolsas plásticas, electricidad y forrarlos con colchonetas para luego golpearlos son parte del rosario de denuncias que hacen familiares quienes aseguran que “los militares institucionales están tras las rejas”.
Estos dos oficiales llevan 13 meses detenidos acusados por el caso “Armagedon”. De esos 13 meses, 10 estuvieron en la Dgcim y llevan tres en Ramo Verde.
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Las irregularidades se repiten. Después de la detención, la presentación en tribunales se hizo cinco días después y no dentro de las 48 horas que dicta la ley.
Nueve meses después se efectuó la audiencia preliminar en la que se pasó a juicio a los oficiales. Un juicio que aún no tiene fecha.
En el caso de Molina, aún permanece en la Dgcim, pues es considerado “altamente peligroso”, según le indicaron los funcionarías a su familia.
El caso “Armagedon” compromete a oficiales de los cuatro componentes y se les acusa de instigación a la rebelión y actos contra el decoro militar.
Todos dejaron sentado ante tribunales militares que fueron torturados.
