El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó | Foto: Prensa Gobierno interino
Caracas.- El cese de operaciones de DirecTV, empresa perteneciente a la estadounidense AT&T; las detenciones a manifestantes en el estado Lara; la situación de los migrantes y la reactivación de la persecución del gobierno de Maduro contra partidos políticos, enfocada en este caso en VP (Voluntad Popular), fueron los temas discutidos este martes 26 de mayo durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional (AN).
El presidente del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que el gobierno de Nicolás Maduro pretende “simular normalidad y control” y que lejos está el país de una situación normal.
Hizo referencia a las protestas que se han venido dando por las fallas en los servicios públicos; también rechazó la represión contra manifestantes este lunes en el Mercado de Las Pulgas, en el estado Zulia.
Llamó a los venezolanos a exigir y denunciar, porque es un derecho. Además, reiteró que su gobierno se mantiene trabajando por la restitución de los derechos de los venezolanos.
LEE TAMBIÉN
TSJ valida la directiva parlamentaria encabezada por Luis Parra
También rechazó que se izara una bandera de Irán en pleno centro de Caracas e hizo un nuevo llamado a los efectivos de la Fuerza Armada no solo ante este hecho, sino también ante las recientes denuncias sobre la presencia del líder de las FARC Jesús Santrich. Este, según denunció el comisionado especial para la seguridad e inteligencia del Gobierno interino, Iván Simonovis, se encontraría en la parroquia 23 de Enero, en Caracas.
Por último, Guaidó se refirió a supuestas pruebas que demostrarían que la llamada Operación Gedeón fue financiada por el gobierno de Maduro. Sobre esto no ofreció mayores detalles.
Al cumplirse una semana del cese de operaciones de DirecTV en Venezuela, la mayoría de los parlamentarios responsabilizaron por la salida de la empresa satelital al gobierno de Nicolás Maduro.
El diputado Antonio Román (Carabobo-AD) destacó además que la salida de la empresa en Venezuela supone la pérdida de al menos 600 puestos de trabajo.
El acuerdo aprobado rechaza lo que califican como “violación del derecho de la familia venezolana a estar informada y a seleccionar los contenidos que desee ver”.
LEE TAMBIÉN
Experto en telecomunicaciones: en Venezuela de cuatro operadoras de TV satelital, solo quedará una
A su vez, insta a articular esfuerzos de las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional para la defensa de los derechos de los ciudadanos venezolanos.
Destacan, desde la Asamblea Nacional, “la responsabilidad absoluta del régimen usurpador ante el cese de las operaciones de la empresa DirecTV, y todas las consecuencias legales que ello conlleva”.
El acuerdo señala la necesidad de elevar a instancias internacionales la denuncia por la violación a los derechos de los venezolanos; también instar a todos los ciudadanos a “vencer el bloqueo y la censura del régimen; a ejercer el derecho a formular denuncias, a través de todos los medios de comunicación alternativos, sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen usurpador”.
Hace dos semanas se produjeron protestas en el estado Lara. Los cuerpos de seguridad del Estado se llevaron detenidas a casi 20 personas en distintas zonas de la entidad. Entre ellas estaban los jóvenes Luis Pérez —que padece de Trisomía 21, es decir, Síndrome de Down— y Humberto Carreño Pérez, operado de la columna por escoliosis severa que tiene barras en su columna con 21 tornillos.
El diputado Alfonso Marquina (Lara- PJ) señaló que en la entidad pasan semanas sin luz, agua, gas y gasolina, lo que produce malestar en los ciudadanos.
Según Marquina, se busca criminalizar y judicializar la protesta ciudadana al detener a personas por cacerolear.
Rechazó el accionar de la jueza del Tribunal Séptimo de Control del estado Lara, Ana Tovar. Esta, según el parlamentario, recibió una orden para cambiar la decisión contra los manifestantes. Marquina además exigió la liberación inmediata de los jóvenes Pérez y Carreño.
Por su parte, el diputado Ángel Torres (Lara-VP) solicitó crear un observatorio de derechos humanos en el Parlamento para hacer seguimiento a las denuncias.
Sin embargo, esta solicitud no fue procesada formalmente en el acuerdo que se aprobó en la plenaria.
LEE TAMBIÉN
Durante la cuarentena van 34 arrestos en Lara por protestar
La diputada Ana Salas (Lara-disidente del Psuv) denunció que los detenidos fueron torturados y que debe investigarse lo ocurrido.
El acuerdo condena que, “escudándose en el decreto de estado de alarma”, el gobierno de Maduro haya impuesto medidas que están fuera del marco legal.
La AN también exige la inmediata liberación de todos los privados de libertad, condena toda forma de tortura y tratos crueles e inhumanos a los que han sido sometidos los detenidos y solicita una medida cautelar de protección para los habitantes de la Urbanización Antonio José de Sucre de Barquisimeto, estado Lara.
El ente legislativo anunció que denunciará ante los organismos internacionales de derechos humanos lo que califica como violaciones cometidas en la entidad larense. También solicitará a los organismos internacionales que demanden al régimen de Nicolás Maduro el cese de “los atropellos y arbitrariedades contra la población apoyándose en el estado de excepción impuesto a propósito de la pandemia por la COVID-19”.
Desde la Asamblea Nacional agradecieron a la Unión Europea y al Gobierno español por organizar la Conferencia Internacional de Donantes. Esta se realizó el martes 26 de mayo; en ella se logró recaudar 595 millones de dólares en donaciones de países y 2.544 millones de dólares en posibilidad de créditos, fondos de inversión y distintos mecanismos y métodos de financiación para los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos.
El diputado Carlos Valero (Táchira-UNT) aprovechó para criticar que el gobierno de Maduro criminalice a los migrantes venezolanos que han decidió retornar, llamándolos “armas biológicas”, como hizo el secretario de la Gobernación del estado Zulia.
El acuerdo prevé apoyar lo acordado en la Conferencia de Donantes; en consecuencia, solicitará a la Agencia de Refugiados (Acnur) que traslade una comisión a la frontera para que determine si los migrantes que han regresado están en riesgo ante las condiciones en las que se encuentran.
Ante la solicitud hecha por Tarek William Saab al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidiendo declarar a Voluntad Popular (VP) una organización terrorista, los partidos opositores que hacen vida dentro del Parlamento se solidarizaron con la tolda naranja y rechazaron lo que consideran un nuevo intento de arremeter contra la disidencia.
El diputado Juan Miguel Matheus (Carabobo-PJ) recordó que el derecho a formar partidos políticos está consagrado en la Constitución; llamó a no acatar ninguna decisión que emane de instituciones que están a su juicio usurpadas, como lo son el TSJ y la Fiscalía.
LEE TAMBIÉN
Voluntad Popular a Tarek William Saab: no somos una organización criminal
El acuerdo, aprobado por la mayoría opositora, rechaza cualquier acción efectuada por los funcionarios del gobierno de Maduro dirigida a profundizar y radicalizar “el esquema de persecución sistemática por fines políticos en contra de toda la unidad democrática”. Manifiestan su respaldo a los dirigentes, militantes y simpatizantes del partido político Voluntad Popular; reiteran el absoluto desconocimiento a quienes hoy ocupan los cargos de magistrados y fiscal.
También exigen que se respeten los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
Ratifican además la intención de conformar un gobierno de emergencia nacional; exhortan a la comunidad internacional para que acelere y profundice las diversas investigaciones abiertas en relación con los vínculos existentes entre diversos funcionarios de alto nivel del régimen de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela con las estructuras de algunos grupos terroristas.
Esta web usa cookies.