Caracas.- El caso de Daniela Geraldine Figueredo Salazar, de 19 años, fue debatido este martes, 16 de marzo, en la sesión virtual de la Comisión delegada, instancia que representa la continuidad administrativa de la Asamblea nacional electa en 2015.
La joven recibió un disparo en la cara mientras estaba detenida en los calabozos de la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda, el pasado sábado 13 de marzo. Según la información suministrada por la ONG Una Ventana a la Libertad, un funcionario de ese cuerpo policial le disparó “accidentalmente” a Daniela cuando este intentó abusar sexualmente de ella.
La diputada electa en 2015, Yajaira Forero, citó a la ONG que recoge el testimonio de otras seis reclusas quienes aseguraron ser hostigadas y obligadas a tener relaciones sexuales con los funcionarios.
Forero dejó en el aire dos interrogantes: ¿Por qué un funcionario ingresa armado a los calabozos? ¿Dónde estaban los superiores de ese funcionario?
“Esto evidencia que se viola no solo el debido proceso y los detenidos pasan años sin ser trasladados a tribunales sino que también viven hacinados y en condiciones insalubres, pero además, las mujeres deben soportar ser acosadas”, señaló Forero.
El diputado Williams Dávila señaló que llevarán estas denuncias ante la oficina de la Alta Comisionada para los derechos Humanos, Michelle Bachelet y a la relatora para las personas detenidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), «ya que esto pone de manifiesto la grave situación penitenciaria”, subrayó.
El pasado 11 de marzo, Bachelet presentó la actualización de su informe oral sobre Venezuela en el que manifestó preocupación por la situación de los reclusos en el país aunque también señaló que el Estado venezolano le había informado de avances en materia de debido proceso y hacinamiento.
El parlamentario Gilbert Caro, por su parte, narró lo que vivió como preso e indicó que los derechos de los reclusos se han visto vulnerados desde hace años. Pidió a sus colegas trabajar para que las políticas se orienten a los problemas de los venezolanos, uno de esos, el carcelario.
Además, Caro exigió que los funcionarios que resguarden detenidos sean entrenados para cumplir sus funciones y pidió abrir una investigación a ese cuerpo policial.
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Irresponsabilidad cuesta vidas
El Comisionado para la Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, José Manuel Olivares, informó que actualmente en el país hay casi 80 % de ocupación de las terapias intensivas a nivel nacional en los hospitales. Cuestionó que, tras un año de COVID-19 en Venezuela, no exista un aumento en la capacidad operativa en los hospitales.
Según explica, la mayor capacidad hospitalaria está en la Gran Caracas y solo hay 33 ventiladores para COVID-19. “Y en toda Venezuela solo hay 140 camas de terapia intensiva en hospitales”, aseguró.
Olivares califica de burla las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Maduro y sostiene que la irresponsabilidad con la que se está abordando la pandemia “cuesta vidas”.
