Jorge Makriniotis, gerente general del diario El Nacional. Foto: Gabriela González
La decisión apresurada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de embargar la sede de El Nacional ubicada en Los Cortijos, Caracas, fue rechazada, este 18 de mayo, por los diputados electos en 2015 congregados en la Comisión Delegada.
Jony Rahal, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional electa en 2015, informó que investigarán, “con nombre y apellido”, a quienes están involucrados no solo en la sentencia sino también en la ejecución del embargo ocurrido el viernes 14 de mayo y que Rahal califica de “robo”.
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El anuncio de Rahal fue incluido en el acuerdo que fue aprobado por los parlamentarios quienes consideran que la medida contra el medio de comunicación no busca justicia sino callar a la prensa y que además no se respetó el debido proceso.
Para el diputado electo en 2015, Williams Dávila, la medida no es más que una “venganza” por parte de Diosdado Cabello y busca generar miedo en otros medios de comunicación.
El acuerdo aprobado por la mayoría de los opositores condena el fallo confiscatorio de la sede de El Nacional y pide oficiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que también inicien una investigación al respecto.
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Además, ordena instruir a la Comisión de Medios para que, en conjunto con el enviado especial para la Organización de Estados Americanos (OEA), se realicen las diligencias necesarias para elevar las resultas de las investigaciones ante esta instancia.
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