El informe de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue discutido este martes, 9 de julio, por los diputados en la Asamblea Nacional.
La mayoría de las intervenciones fueron coincidentes en rechazar las descalificaciones que hiciera el gobierno de Nicolás Maduro una vez público el trabajo.
“Lo importante del informe es que se pasó del diagnóstico. Nuestro deber es difundir esta información y buscar soluciones. Se demostró que esto es una dictadura”, manifestó Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Encargado de Venezuela reconocido por más de 50 países.
Guaidó además recordó que la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU se reunió con varias víctimas, escuchó testimonios por lo que rechaza que voceros de Nicolás Maduro digan ahora que el informe no lo hizo ella y advirtió que no se debe permitir que la emergencia compleja derive en una catástrofe latente. Los parlamentarios sostienen que el informe será un punto de inflexión.
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Para la diputada Delsa Solórzano, el gobierno de Maduro ha decidido que no rectificara y recordó que el cadáver del capitán de fragata (ascendido post mortem), Rafael Acosta Arévalo tiene 11 días en la morgue y siguen negando entregárselo a la familia.
Los diputados manifestaron que el socialismo del siglo XXI solo ha producido dolor. Los casos de Braulio Jatar y la juez María Lourdes Afiuni también fueron expuestos ya que ambos no se les ha concedido la libertad plena.
“El mandato de la oficina de la alta comisionada no se está cumpliendo”, denunció Solorzano mientras ratificaba la denuncia de supuestos traslados de presos políticos civiles desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin saber hacia dónde.
El objetivo de los opositores está en generar mayor presión para que se instale una comisión permanente de la Oficina de la alta comisionada y que pueda venir relatadores especiales en diversos temas.
Asimismo, solicitan a los gobiernos de Uruguay y Mexico que salgan de la neutralidad que han declarado y entiendan que el problema de los derechos humanos es un problema universal.
El Acuerdo aprobado ratifica el respaldo a las investigaciones realizadas por la alta comisionada; rechaza categóricamente las observaciones hechas por el gobierno de Nicolás Maduro, manifiesta el compromiso de acoger e implementar las recomendaciones pero hace énfasis en que es necesario el cese de la usurpación.
Aprobaron además remitir el acuerdo y el informe a la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar incorporar el contenido como elemento probatorio y hacer las diligencias necesarias para que el informe sea discutido en el Consejo de Seguridad de la ONU.
También remitirán el informe a los Grupos de Lima, de Contacto y otras instancias internacionales para intensificar acciones contra el gobierno de Maduro.
El respaldo al trabajo que hacen los delegados de Bachelet en Venezuela también quedó plasmado en el documento. Por otro lado, se anunció que los disputados y trabajadores del Parlamento serán defendidos por los propios diputados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para tener medidas cautelares.
A pesar de que Guaidó había anunciado que esta semana se aprobaría el reingreso de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca, mejor conocido como TIAR, no fue así. La Fracción 16 de julio esperaba que esta discusión se diera desde hace semanas. Sin embargo, tendrán que esperar una semana más.
Fuentes cercanas a El Pitazo señalan que hubo presión por parte de Primero Justicia para postergarlo unos días más. En el inicio de sesión, se leyó en la cuenta que la Comisión de Política Exterior remitió el informe de para la segunda discusión.
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