Caracas.- En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron una moción para reiterar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite Venezuela de forma urgente para que verifique la violación de los derechos más fundamentales.
Este martes 12 de marzo, el Parlamento debatió sobre la grave situación de los derechos humanos en el país, a propósito de la visita de una misión técnica de la ONU, que llegó al país el fin de semana y que en horas de la mañana sostuvo un encuentro privado con la junta directiva y parte del cuerpo legislativo.
En la moción aprobada, la Asamblea Nacional acordó recabar el testimonio de víctimas y presos políticos que posteriormente remitirán al organismo internacional para que sirva de sustento al informe que debe redactar Bachelet sobre el caso Venezuela. El diputado Miguel Pizarro pidió a la ONU que no sea un informe frío, “porque nuestro país requiere más”.
Durante el debate, la diputada Delsa Solórzano denunció que Nicolás Maduro ejerce una política de violencia sobre presos políticos, perseguidos y cualquier venezolano que exprese desacuerdo a sus políticas.
Una muestra de ello se evidenció en el hemiciclo de sesiones, donde parientes de presos políticos y caídos narraron los episodios de tortura a los que son sometidos civiles y militares, así como el retraso en el debido proceso y traumas psicológicos.
Leonela Bifur, esposa del comandante Henry Medina, habló en representación de los 180 militares que permanecen tras las rejas. Acompañada por Solórzano, describió que la sistematización de los abusos inicia con el secuestro del uniformado, quien es sometido hasta por 15 días a torturas, y luego llevado a los tribunales para la audiencia de presentación. Durante ese tiempo, reciben golpes en la cabeza, les colocan bolsas negras con gas lacrimógeno, les quitan uñas y muelas, y, además, les prohíben comunicarse con abogados y familiares.
Posteriormente son recluidos en distintos centros penitenciarios, que en su mayoría son Ramo Verte, La Pica o en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta. Bifur colocó el ejemplo de su esposo, quien comparte una celda de cinco por tres con 17 privados.
“Pido auxilio porque no hay una ley que los y nos ampare”, enfatizó.
A Rafaela Requesens, líder estudiantil y hermana del parlamentario Juan Requesens, le causa indignación que tengan que explicarle al mundo que en Venezuela se violan los derechos humanos cuando las arbitrariedades están a la vista de todos.
“Yo quiero que se imaginen por un momento que en sus países el gobierno secuestra a un senador o diputado, sin ninguna explicación”, dijo en referencia a la imparcialidad que ha mantenido Bachelet sobre el caso venezolano. Aún, con la voz quebrada, no perdió la oportunidad para decirle a alta representante que se convertirá en cómplice de Maduro si no se pronuncia de forma enérgica.
Yusbely Álvarez también alzó su voz en protesta. Su hermana y sobrina de cinco años de edad fueron asesinadas en 2017 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana durante una Operación de Liberación del Pueblo en Petare. Solo dispararon, y a pesar de los gritos, los funcionarios continuaron actuando de forma arbitraria. La PNB cubrió los gastos del velatorio, y justificó su actuación en un supuesto enfrentamiento, que nunca existió.
Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, desmintió que los privados de libertad reciban un “trato humanizado”, como lo aseguró Iris Varela a la Cruz Roja Internacional. “Visiten los calabozos de la Dgcim, vean todo”, pidió con lágrimas en su rostro.
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