Entre el 21 y el 27 de septiembre se registraron 227 protestas en todo el país. De ese número, 86% son protestas para reclamar mejoras en los servicios públicos, según el registro que llevan la Comisión de Política Interior y la Subcomisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión de Política Interior, diputado Freddy Paz, y la presidenta de la Subcomisión de Justicia y Paz, diputada Delsa Solórzano, ofrecieron una rueda de prensa virtual en la que manifestaron que la situación se profundiza cada vez más.
La diputada Solórzano informó que en Yaracuy, estado en el que sus habitantes han manifestado por 5 días continuos, se registran 31 detenidos, de los cuales 5 fueron privados de libertad. También se han producido allanamientos sin órdenes en casas y comercios.
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En Aragua habría tres detenidos, mientras que Lara y Anzoátegui han sido militarizados, señala Solórzano. También informó que en Nueva Espartaal hay al menos 25 heridos, mientras que en Sucre también reportan varios pescadores heridos.
De acuerdo con la diputada Solorzano, están monitoreando la situación en todo el país y levantando un informe que harán llegar a los delegados de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, así como también a otras instituciones internacionales. Para ello están a la espera de la autorización de las víctimas, con la finalidad de elevar estos nuevos casos de violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el diputado Paz considera que la situación se profundiza y que el gobierno de Maduro no puede dar las respuestas que los venezolanos necesitan. “La represión no da luz ni calma el hambre”, dice el parlamentario, que recuerda que el gobierno de Maduro está señalado de violentar los derechos humanos, algo que, a su juicio, estarían ratificando con la actuación en los últimos días de los cuerpos de seguridad.
Según Paz, en Carúpano, estado Sucre, los habitantes han denunciado la utilización de armas de fuego durante las protestas. Ante este hecho el diputado recuerda a los funcionarios que “la responsabilidad es individual” y que los delitos relacionados con la violación de derechos humanos no prescriben.
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También recuerda que al no haber Estado de Derecho es muy complicado ofrecer cifras exactas de detenidos, ya que los cuerpos de seguridad no ofrecen información.
En relación con el audio que se le atribuye al alcalde del municipio Peña, estado Yaracuy, Juan Parada, en el que llama a “marcar” a quienes protestan, el diputado Paz no descartó sancionarlo políticamente mediante la comisión que preside.
Paz destacó que más allá de esa sanción, al no haber Estado de Derecho en el país su declaración constituye “una prueba del comportamiento político que tiene un partido. Además, públicamente”.
Por su parte, Solórzano recordó la importancia del informe de la Misión de la ONU y la repercusión que puede tener con el caso que se lleva ante la Corte Penal Internacional en contra de Nicolas Maduro.
Para la diputada, declaraciones como la del alcalde Parada reflejan el carácter represivo del gobierno de Maduro. Solórzano invita a quienes se sientan vulnerados en sus derechos a acudir al Parlamento y denunciar.
