Fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab | Foto: cortesía
Caracas.– En Venezuela, aún hay al menos unas 259 personas detenidas que son consideradas presos políticos de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. La Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal, que ha llevado sus casos, ha revelado que, entre ellos, están quienes se encuentran en una situación de salud crítica, según las denuncias que han hecho sus familiares. Entre los detenidos hay 244 hombres y 15 mujeres, de los que 126 son civiles -entre ellos un adolescente- y 133 militares.
Algunos de los presos políticos han sido liberados, otros no han contado con la misma suerte y encontraron la muerte tras la rejas, como fueron los casos de Fernando Albán y Raúl Baduel. Ambos decesos, que fueron bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro, fueron anunciadas por el fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, y en ambos casos sus familiares y activistas políticos han refutado sus declaraciones donde revelan cómo murieron.
Fernando Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas por Primero Justicia (PJ), fue detenido el viernes 5 de octubre de 2018 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Las autoridades policiales lo acusaron de ser parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro y de “actos desestabilizadores”. El dirigente había acudido a una sesión de Naciones Unidas, en Nueva York, donde denunció las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Tan solo tres días después, el 8 de octubre de 2018, Tarek William Saab manifestó que Albán se había suicidado al lanzarse por una de las ventanas de la edificación de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, Caracas. “Solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío. Las causas por las cuales lo hizo las vamos a investigar”, fueron las palabras de Saab.
Esta información fue desmentida desde un primer momento por familiares y figuras políticas, como Julio Borges, Henrique Capriles, Juan Guaidó, quienes aseguraban que habían sido torturado y asesinado. Por su parte, Luisa Ortega Díaz, otrora fiscal general de Venezuela, aseguró desde el exilio que Albán murió ahogado mientras lo interrogaban “porque lo estaban torturando con una bolsa”.
Sobre el caso hay dos certificados de defunción: uno señala que la muerte fue por un golpe en la parte posterior del cráneo y el otro por un golpe facial. Uno de los certificados fue firmado por un médico comunitario. Del segundo certificado se desconoce el nombre del médico, porque el número de cédula de identidad le pertenecería a otra persona. Las contradicciones de ambos certificados fueron denunciadas por el abogado defensor del caso, Ramón Aguilar.
Luego de que el caso fuese expuesto ante la Corte Penal Internacional (CPI), este 2021 Tarek William Saab informó que se hizo una nueva investigación sobre la muerte de Albán y dictó cargos de homicidio culposo y quebrantamiento de normas de custodia contra los funcionarios que vigilaban al concejal. Por su parte, el abogado Aguilar rechazó la versión de homicidio culposo que dio el fiscal y mantienen la denuncia de que el concejal fue asesinado y torturado mientras estaba en manos de los funcionarios del Sebin.
Raúl Isaías Baduel era general en jefe en condición de retiro. Fue Ministerio de Defensa en el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Baduel fue detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 2 de abril de 2009. En ese momento, las autoridades informaron que el exministro de Defensa sería trasladado a un tribunal militar. En mayo de 2010, fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión, acusado de corrupción por hechos vinculados con su gestión al frente de la cartera de Defensa, concretamente relacionados con la adquisición de equipamiento militar, acusación que fue rechazada por Baduel, quien advirtió que era un preso de Chávez por oponerse a su propuesta de reforma constitucional en 2007.
Baduel salió en libertad condicional de Ramo Verde desde mediados de 2015, pero en enero de 2017 fue detenido de nuevo por las autoridades tras revocársele una medida sustitutiva de libertad por incumplir las condiciones del régimen cautelar. En marzo de 2017, el Tribunal Primero de Ejecución de Caracas dictó una nueva privativa de libertad contra Baduel e imputó nuevos delitos al exministro de Defensa, justo cuando estaba previsto que ese mes cumpliría la totalidad de la condena sentenciada en 2010.
El martes 12 de octubre de este 2021 el fiscal general de la República designado por la ANC de 2017 lamentó la muerte de Baduel y precisó que su fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardíaco que le causó el COVID-19, declaraciones que la hija y esposa de Baduel desmintieron, ellas aseguraron que, de acuerdo con una fe de vida a la que tuvieron acceso poco antes de su fallecimiento, él no había contraído coronavirus.
Inclusive, el abogado de la familia indicó que el hijo del exministro, Adolfo Baduel, quien también está detenido en El Helicoide, está siendo amenazado por funcionarios del Sebin para que confirme la versión dada por Tarek William Saab sobre la muerte de su padre.
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