“Han intentado asesinarme el día de hoy y todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás”, dijo Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión la noche del 4 de agosto de 2018.
Maduro tenía menos de dos horas de haber pasado un susto. A las 5:41 pm sufrió un intento de magnicidio durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional, organizado en la avenida Bolívar del municipio Libertador, en Caracas. Tras un año de los acontecimientos, 16 personas permanecen detenidas.
8.200 guardias asistieron al evento. Por primera vez un acto militar tenía como locación un sitio distinto al Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana (Academia Militar) en Fuerte Tiuna. Al lado de Maduro estaba su esposa Cilia Flores y personalidades como el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
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Después de las explosiones, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, ofreció los primeros detalles ante la cadena de noticias rusa Sputnik: “Explotaron tres drones”, dijo. Describió que el primer artefacto explotó frente a la tarima presidencial, en la avenida Bolívar, y provocó la activación del protocolo de seguridad.
El segundo reventó hacia el lado derecho del estrado donde se encontraba Maduro y la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Y el último colisionó contra el edificio Don Eduardo, ubicado en la avenida Este 12 con la avenida Sur de la capital del país. El hecho dejó siete militares heridos. Todos fueron trasladados al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo.
El segundo de los altos funcionarios en dar un balance fue el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien le cambió la historia a Rodríguez. “Los dos drones iban cargados con un kilogramo de explosivo denominado C4, capaz de hacer daño efectivo a un radio, aproximadamente, de 50 metros”, según el general explotaron dos drones y no tres como anunció su compañero de gabinete.
En ese momento, luego de entrevistas realizadas por el equipo de El Pitazo a vecinos del sector, se constató que la versión del ministro de Interior sería la certera, pues testigos indicaron que solo escucharon dos detonaciones: “una suave, como la que proviene de un mortero o un trueno y una segunda, cuya fuerza hizo temblar los pisos”.
Nadie aclara nada.
Las detenciones comenzaron el mismo día. Cinco hombres fueron apresados en las zonas cercanas al hecho, también se incautaron dos de los vehículos usados.
El 13 de agosto el director del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que para esa fecha organismos policiales y militares habían arrestado a 21 ciudadanos: dos de ellos militares y 19 civiles.
Un día después, el 14 de agosto, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que iban 25, entre ellos el diputado Juan Requesens, el coronel Pedro Javier Zambrano y el general de División de la Guardia Nacional, Alejandro Pérez Gámez.
También fueron llevados a los tribunales, los civiles: Bryan Oropeza Ruiz, Yannin Fabiana Pernía, Luis Alberto Guerra y José Gregorio Blanco García. A los dos últimos, informó Saab, se les aplicó una medida cautelar sustitutiva, pues no eran autores materiales. Una historia diferente a la del profesor Eugenio Escalona.
El profesor jubilado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Eugenio Escalona Giménez, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la tarde del 6 de agosto de 2018 en su casa, en Barquisimeto, estado Lara.
Su hija relata que se lo llevaron como ficha de intercambio, pues su sobrino, Yilber Alberto Escalona Torrealba, participó en el atentado y necesitaban presionarlo para que se entregara. El sobrino huyó y él no fue liberado. La realidad de Eugenio le cambió sin quererlo. Ni libertad, ni libros, ni familia.
Después de ser detenido, Eugenio permaneció en un calabozo del Sebin de la capital larense por dos semanas. No le permitieron recibir visitas. El 19 de agosto fue trasladado a Caracas, específicamente a El Helicoide. Tres días después, el 22 de agosto, un fiscal militar acusó al docente de los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía por motivos fútiles en grado de frustración.
Funcionarios le permitieron ver a sus hijas tres meses después, en noviembre para ser exactos. El 3 de diciembre una luz atravesó la puerta del calabozo que lo mantiene encerrado: el Juzgado Especial Antiterrorista de Caracas, decidió librar sobre él una orden de excarcelación.
Sus familiares indican que la boleta es una medida cautelar. El documento señala que al salir de la cárcel tiene la prohibición de viajar fuera del país, ofrecer declaraciones a medios de comunicación y tendrá que cumplir régimen de presentación. A pesar de estas restricciones, el Sebin lo mantiene encerrado.
Eugenio es una cara de lo que pasó hace un año. Según el abogado Joel García la mayoría de las 16 personas que aún permanecen detenidas han tenido audiencia preliminar, pero todavía no tienen en físico la decisión del juez. Los funcionarios que anunciaron encabezar la investigación sobre el atentado tampoco han dado un parte final.
Requesens, Borges y Albán.
Al igual que la historia del profesor, los relatos de Juan Requesens, Julio Borges y Fernando Albán son ejemplo de lo no conclusivo que ha sido el Estado con los hechos del atentado; también de los excesos y violaciones a derechos humanos de los custodios.
El primero, el diputado Juan Requesens fue detenido el 7 de agosto del año pasado por una comisión del Sebin que lo llevó a la sede del organismo en El Helicoide. Después de tres días desaparecido, el 10 de agosto, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, publicó un video en el que Requesens admitía su supuesta participación en el hecho.
A las horas de ser publicado el audiovisual, los familiares del opositor pidieron verificar su integridad y estado de salud, pues aparecía casi desnudo y con la mirada perdida.
El pasado 1 de julio de 2019, luego de ocho audiencias diferidas, la juez Carol Padilla, admitió todos los cargos presentados por el Ministerio Público y ordenó el pase a juicio de Requesens por los ocho delitos que le imputó el Tribunal 1° de Control con competencia en Terrorismo: traición a la patria, homicidio en grado de frustración en detrimento de Nicolás Maduro, homicidio en grado de frustración en detrimento de siete militares, posesión ilícita de armas y municiones, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública y continuada y, por último, daños a la propiedad. Su abogado y familia siguen negando los cargos. Dicen que van a apelar la sentencia. No saben cuántas audiencias le sigan aplazando.
El diputado Julio Borges fue el segundo político en ser mencionado por Néstor Reverol. Después de ello, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su captura el 8 de agosto. Borges no se encontraba en el país, desde febrero de 2018 se había exiliado en Bogotá, Colombia.
El TSJ reveló, “que del análisis de las actas que conforman el proceso contra Julio Andrés Borges se evidencia que existen elementos que comprometen su responsabilidad en la comisión flagrante de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros». Horas después, la Asamblea Nacional Constituyente organizó una sesión y le quitó su inmunidad parlamentaria. También hicieron lo mismo con Requesens.
Por su parte, el concejal Fernando Albán fue detenido el viernes 5 de octubre al salir del aeropuerto internacional de Maiquetía cuando regresaba de Estados Unidos. Luego de dos días desaparecido fue trasladado a tribunales y se le imputó los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración contra la figura de Maduro y del alto mando militar. De la sede judicial lo llevaron al Sebin, de Plaza Venezuela. No se le vio más el rostro.
Dos días después, específicamente, la tarde 9 de octubre los alrededores del Sebin fueron acordonados. A través de las redes sociales se corrió el rumor que el concejal había muerto.
En medio de la nube de mensajes salió el fiscal designado a dar el primer reporte de los hechos: “La versión preliminar es que el ciudadano solicitó ir al baño y allí se lanzó desde el décimo piso del edificio”, declaró en el canal gubernamental Venezolana de Televisión. Su historia fue diferente a la que narró Néstor Reverol: “En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones y la caída le ocasionó la muerte”.
Hasta este 4 de agosto de 2019 no se sabe a ciencia cierta en qué concluyeron las investigaciones de la muerte de Albán. Borges permanece exiliado en Bogotá y la defensa de Requesens alega que va a apelar la decisión judicial por falta de pruebas contra el diputado. Los últimos detenidos de los que se tiene información son Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias ‘Morfeo’, Angela Lisbeth Expósito Carrillo alias ‘La Perrera’, y el coronel retirado Ramón Santiago Velasco García alias ‘Corocoro’ y el coronel Oswaldo García Palomo.
En tanto, el profesor Eugenio Escalona permanece encerrado en un calabozo a la espera que un directivo del Sebin apruebe su boleta de excarcelación.
