Caracas.- Este 2 de junio, Venezuela vivió un nuevo capítulo entre el gobierno interino, encabezado por Juan Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro, esta vez, ambos representantes del Poder Público Nacional sacaron la bandera blanca en medio de polarización y amenazas.
Este martes se conoció de la firma de un acuerdo entre Julio Castro como representante del gobierno interino y Carlos Alvarado, ministro de Salud del gobierno de Maduro, para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus en Venezuela, teniendo como testigo a la Organización Panamericana de la salud (OPS).
Para el politólogo y abogado, doctor en Ciencias Políticas, Luis Salamanca, el acuerdo que califica de inédito, demuestra lo mal que estaría el gobierno de Maduro para enfrentar los problemas en el país, especialmente los generados por la pandemia.
“Maduro solo no puede. Necesita oxígeno. Y ese oxígeno lo tiene el gobierno interino reconocido internacionalmente”, señala Salamanca, quien también aclara que así como Maduro solo no puede, Guaidó tampoco, pues el presidente de la Asamblea Nacional no tiene cómo hacer algo, pues no controla el territorio.
Así, la lectura que le da a este acuerdo es positiva y lo ve como un buen paso y una buena iniciativa, dado que en el país no hay recursos. Sin embargo, adelanta que no cree que los sectores radicales lo vean así.
Para Salamanca, además, el hecho de que la OPS esté de por medio garantiza “un enfoque profesional, científico y responsable y no político” a la pandemia. “Ojalá la implementación no vaya a ser un desastre”, indica.
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Consultado sobre quién gana políticamente con la firma de este acuerdo, para Salamanca se podrían repartir ya que, aunque Maduro no está en condiciones de ganar puntos nuevos ante el colapso del país, temporalmente podría obtener una mejoría en la imagen. Sin embargo, para Guaidó, que también ha bajado en la percepción positiva de la gente, representa un acto importante.
Para el analista queda claro que en Venezuela se necesitan acuerdos entre todos los sectores, porque ninguno de los actores está en capacidad de imponerse al otro. “Ojalá termine concretándose y que no termine porque un sector trate de sacarle provecho políticamente y al otro no le guste”, señala.
Para el politólogo, también es una oportunidad para explorar la vía del acuerdo, “en base a los hechos y no de las palabras”. Lo que lleva a la pregunta de si este acuerdo coyuntural pudiese abrir alguna puerta a acuerdos políticos en torno a la gobernabilidad del país.
Salamanca señala que para llegar a ese punto, Maduro debería de entender que el problema pasa por la necesidad de una elección presidencial transparente y no puede aspirar a un acuerdo político sin entender que esto se materializa en una elección. «¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar allí y abrir esa compuerta? Yo tengo mis dudas, pero esperemos que este paso sea una señal«, dice.
De lo contrario, Salamanca sostiene que se seguirá en la búsqueda de soluciones a problemas puntuales.
Dimitris Pantoulas, analista político, consultor e investigador, coincide en la lectura positiva del acuerdo, ya que «muestra que cuando hay los incentivos y cuando hay amenazas que pueden afectar a todos, se pueden tender puentes«.
Además, demuestra la importancia de una presión internacional que sirva como intermediario y, en este caso, lo hará la Organización Panamericana de la Salud.
Sin embargo, señala que aunque se pueden tender estos puentes para afrontar un enemigo común, no sabe si se pueda trasladar a unos acuerdos políticos de convivencia o a un gobierno de transición.
Para Pantoulas gana el país. «Nadie más, porque en términos políticos se necesitarían más pasos para tener algún tipo de beneficio».
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Este acuerdo que, en principio, pareciera limitarse a la coyuntura del coronavirus en donde la OPS gestionará recursos protegidos en el extranjero, también se da en un contexto político interno en el que hace una semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconocía al diputado Luis Parra como presidente del parlamento y desconocía los actos de Juan Guaidó como presidente elegido con el voto de 100 diputados a la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2020.
Julio Castro firmó el acuerdo como asesor en materia de la salud de la Asamblea Nacional en representación de la directiva que preside Juan Guaidó y el ministro de salud, Carlos Alvarado, en representación del Ejecutivo.
Pantoulas considera que la sentencia buscaba formalizar legalmente una decisión política que había tomado el chavismo desde hace meses.
«La sentencia no tenía ningún valor político y nunca iba a afectar las relaciones políticas y de poder del país», dice el analista. Agregó que: «El acuerdo sencillamente muestra que todavía existen dos poderes en Venezuela que, en decisiones ad hoc, tienen que ponerse de acuerdo, especialmente cuando esta involucrada la comunidad internacional», puntualiza Pantoulas.
El acuerdo contempla siete líneas prioritarias:
- Detección de casos activos de COVID-19 mediante diagnóstico de laboratorio.
- Tratamiento oportuno y adecuado de los casos.
- Aislamiento supervisado de los casos asintomáticos y cuarentena de los contactos.
- Protección del personal de salud, esto ante el reciente incremento de casos en el personal médico.
- Implementación de acciones de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud.
- Vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación.
- Comunicación de riesgo para la adopción de medidas para la población.
