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Caracas.- La confirmación de la visita a Venezuela que en los próximos días realizará el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha generado una serie de pronunciamientos y expectativas de parte de actores sociales que esperan e incluso han solicitado que el representante de la CPI, entre otras cosas, se reúna con víctimas de casos de violación a los DD. HH.
Asimismo, el hecho de que Khan pase por Venezuela tras una visita a Colombia, ha propiciado que de nuevo se comente sobre algunos de los casos que han sido incluidos en informes presentados ante la CPI para su evaluación, como parte del examen preliminar que lleva a cabo la instancia de justicia internacional, que hoy evalúa cuál es la voluntad real, genuina, que tiene el Estado venezolano de enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
En ese contexto, la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, consultada por El Pitazo, resaltó que la visita de Khan debe ser interpretada en su justa medida, como parte de un proceso habitual que el fiscal de la CPI ejecuta dentro de sus funciones, para evaluar la situación con respecto a lo que es el examen preliminar del caso Venezuela I, en el que todos los hechos que han sido denunciados son relevantes.
«Esta visita, que sin duda celebro, no es más que una de las tantas actuaciones de un fiscal en el curso de un examen. Esto no es algo extraordinario. Esta visita no significa un pronunciamiento, sino que representa una de tantas actuaciones de un fiscal para proseguir con un examen», explicó Tineo.
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón considera que la visita de Khan a Venezuela hay que interpretarla con agudeza y en su justa medida, pues la presencia del representante de la CPI no implica que se vaya a producir una acción inmediata por parte de la instancia de justicia internacional y el factor de protección a las víctimas, como una forma de preservación de la información que podría verificar la CPI en el futuro, es un elemento que no se puede obviar.
«Por protección, el fiscal, hasta ahora, no tiene previsto hablar con las víctimas. Este fiscal está considerando que hay que proteger a las víctimas y ahora mismo lo que quiere hacer es contrastar la información del examen que ha sido presentada hasta ahora con lo que le pueda suministrar el Estado», agregó Tineo. «Una cosa es denunciar una violación a los derechos humanos y otra cosa es constituirte en acusador de los presuntos responsables en un juicio internacional. La seguridad, la estrategia en estos casos, tiene mucho valor».
Recientemente, se conoció sobre la condena a los militares responsables del homicidio del joven David Vallenilla en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, sin embargo, no se ha conocido de una sentencia relacionada con la cadena de mando.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha documentado casos de 331 víctimas de represión en el contexto de protestas pacíficas desde 2014, incluido el homicidio de Vallenilla, y de otras situaciones violatorias de derechos humanos. Solo en 5% de los casos ha habido condena a los autores materiales de violación a los DD. HH., pero no así con respecto a las cadenas de mando.
«Hay 95% de impunidad respecto a los autores materiales y 100% de impunidad respecto a las cadenas de mando. La CPI no va a juzgar a los autores materiales, sino a los responsables de este patrón de ataque a los derechos humanos (…) condenados en juicios han señalado haber recibido instrucciones de superiores y eso no se ha investigado, no ha habido respuesta», agregó Tineo, quien resaltó que cada uno de los casos documentados, no solo por parte de la ONG que representa, son importantes y tienen relevancia para la evaluación de la CPI.
El abogado y activista de derechos humanos, miembro del consejo consultivo de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, consultado por El Pitazo, también advierte que en los últimos meses se han llevado a cabo procesos judiciales -a la carrera- vinculados con asesinatos en manifestaciones, sin embargo, no se han investigado las cadenas de mando.
«La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la propia CPI hacen énfasis en que quienes deben ser castigados por la CPI son los que tienen la mayor responsabilidad en los crímenes que se han cometido en un país determinado. En el caso venezolano, los procesos judiciales que tienen que ver con violaciones de DD. HH. son muy pocos».
Alvarado recuerda que no ha habido juicios y mucho menos investigaciones por las miles de personas asesinadas en operativos de seguridad ciudadana, hechos por lo que han sido señaladas las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes-PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Tampoco se han investigado las cadenas de mando en los casos de asesinatos por tortura, como el del capitán Acosta Arévalo, hecho en el que está involucrada la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«Si la fiscalía de la Corte Penal Internacional hiciera una investigación medianamente exhaustiva sobre este criterio de complementariedad, tiene que llegar a la conclusión de que en Venezuela no hay voluntad genuina de sancionar a quienes tienen mayor responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en el país», explicó Alvarado.
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