Si el gobierno de Nicolás Maduro niega el ingreso de la asistencia humanitaria que se encuentra en Colombia, en Brasil y en Curazao, estaría cometiendo un crimen de exterminio, tipificado como delito de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Así advirtieron este jueves 21 de febrero, los abogados Cipriano Heredia y Oscar Arnal, así como el internacionalista Carlos Luna.
De acuerdo con el Estatuto, el exterminio comprende la privación de acceso a medicinas y alimentos como parte de un plan para causar la destrucción de una parte de la población.
Heredia, quien también ejerce como diputado a la Asamblea Nacional, recordó que el gobernante ha dicho “miles de veces” que impedirá la entrada a Venezuela de alimentos y medicinas porque considera que no existe una emergencia compleja. Además, ha ordenado movilizar a las tropas militares a la zona fronteriza. Para el parlamentario, estas acciones demuestran que, en efecto, el próximo sábado 23 de febrero, se negará el ingreso de la asistencia humanitaria que han donado varios países de la región y de Europa.
“Es increíble que, con el prontuario que tiene y con una acción en curso, constituya una prueba tan evidente con la actitud que ha asumido frente a la ayuda humanitaria (…) Lo que vamos a ver este fin de semana es el agravamiento de la causa de Maduro como delincuente en el derecho penal internacional”, destacó el parlamentario Heredia.
Por su parte, Luna señaló que, ante la incapacidad del Estado de proveer los insumos más básicos, la sociedad internacional puede prestar su apoyo para evitar que se profundice la crisis.
“Maduro es un mal gobernante. Es un mal padre de familia. Si evita que las personas reciban sus tratamientos, estaría condenándolos a la muerte”, aseveró el internacionalista.
En el mes de septiembre de 2018, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá pidieron a la Corte Penal Internacional abrir una investigación contra Nicolás Maduro por haber cometido delitos de lesa humanidad, solicitud a la que posteriormente se unió Costa Rica.
A pesar de que el petitorio se encuentra en fase preliminar, el delito de exterminio que pudiera consumarse, según Arnal, significará una “prueba muy gruesa para el expediente que reposa en la CPI”.
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