La UCV es la primera universidad del país. Foto: cortesía Crónica Uno
La sentencia n° 0324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en seis meses significa una violación a las normas de la República. Es la afirmación del abogado y profesor Máximo Febres Siso, quien, este 10 de octubre, dirigió un foro en la sala Mariano Picón Salas de la UCV para exponer las irregularidades de una decisión que, a su juicio, debe desobedecerse.
Acompañado por los profesores de la Facultad de Humanidades y Educación, Febres Siso recordó a la comunidad universitaria que, frente a la “pretensión de arrodillar” a la UCV, deben “ser creativos” para defender a la universidad venezolana y no convocar un proceso electoral independiente que podría ser suspendido por el TSJ.
El pasado 27 de agosto, la Sala Constitucional declaró “parcialmente con lugar” una medida cautelar que introdujo la UCV junto a nueve casas de estudio en abril de 2011 para solicitar la nulidad del artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación, promulgada en agosto de 2009.
En el escrito consignado ante la sala, los rectores argumentaron que ese apartado violaba la Ley de Universidades (en vigencia desde 1970) que establece que la comunidad académica la conforman estudiantes, profesores y egresados, y son ellos los encargados de elegir a sus autoridades. Sin embargo, el TSJ respondió casi diez años después con la suspensión de tres artículos de esa legislación en los cuales se explica el proceso de votación.
No solo se reafirmó el artículo que se pedía eliminar, sino que en la sentencia se destacó que el personal administrativo y obrero también tendrá derecho a ser parte de los comicios, lo cual, incluso, violenta el artículo 109 de la Constitución, en el que se indica que sobre la autonomía decidirá la comunidad académica. Además, la decisión señala que los votos tendrán igual valor, lo que también es violatorio de la Ley de Universidades.
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Febres Siso, que coordina el Departamento de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, agregó que el Poder Judicial no puede decidir sacar a las autoridades actuales si se niegan a renovar los cargos bajo esos términos porque para ello haría falta un juicio previo.
“Cada sector universitario tiene su espacio. Los profesores no votamos en elecciones de Federación de Centros Universitarios ni en sindicatos. No se trata de discriminar, es que la ley establece quiénes integran la comunidad académica”, precisó Febres Siso, quien no dudó en calificar de absurda la decisión.
El pasado 18 de septiembre, la consultoría jurídica de la UCV, dirigida por Mervin Ortega, recusó a los magistrados de la Sala Constitucional por considerar que no tenían competencia para decidir sobre ese tema y además solicitó la creación de un tribunal accidental imparcial. Hasta ahora no han respondido, pero sí prohibieron a los abogados tener acceso al expediente, mientras transcurría ese proceso legal.
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