Caracas.- Nicola Tarantino salió de su casa muy temprano, como cada día. Iba manejando su carro desde la urbanización Palo Verde, al este de Caracas, hacia el puente 5 de Julio, muy cerca de Petare. De camino vio cómo dos hombres que llevaban electrodomésticos en brazos caían al suelo luego de ser impactados por balas, pero igual decidió decidió seguir. Antes de llegar al puente, cuatro militares lo apuntaron con sus fusiles para que detuviera el carro.
— Hay que trasladar a un muchacho herido, móntalo en el carro.
— No, yo no voy a ir solo. Ustedes me acompañan porque luego me puedo meter yo en un problema.
Los funcionarios subieron al automóvil y Nicola manejó hasta el Hospital Ana Francisca Pérez de León, cerca de la redoma de Petare. Regresó a su casa sin tener idea alguna de lo que pasaba en la ciudad y no se enteró sino hasta que vio los disturbios a través de los noticieros televisivos.
Era el 27 de febrero de 1989. El entonces Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (CAP), tenía apenas 15 días en el cargo y ese lunes lo que comenzó en Guarenas, a 25 kilómetros de Caracas, como un descontento por el aumento del pasaje, se extendió por toda la capital en forma de saqueos, sobre todo en sectores populares.
La televisión mostraba hombres y mujeres de todas las edades cargando partes de reses sobre los hombros, sacos de alimentos, electrodomésticos y hasta productos de limpieza. También se veía a uniformados disparando contra los manifestantes.
Sin precedentes
En 30 años de democracia, Venezuela no había vivido algo parecido. Aunque ya se escuchaban las palabras de Simón Bolívar que condenan al soldado que apunta el arma contra su pueblo.
El 4 de diciembre de 1988, 52,91% de los votantes eligió a Pérez por segunda vez. Venezuela enfrentaba una recesión económica que el recién electo había ofrecido sanar; su campaña electoral se alzó sobre la promesa de volver a tener la “Venezuela Saudí”, que fue como sus críticos llamaron a su primer período: la Venezuela de la “Miami nuestra”, de la bonanza petrolera, del “’tá barato, dame dos”.
Luego del «Viernes Negro», la devaluación de la moneda, la caída de los precios del petróleo, el agotamiento de las reservas internacionales y, por tanto, el crecimiento de la deuda externa durante los gobiernos de
Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, CAP debía hacerle frente a la situación, por lo que emprendió lo que sus detractores llamaron el paquetazo económico, que seguía al pie de la letra las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trataba de una serie de medidas que buscaban la regularización y liberalización de la economía venezolana. Esto significaba el aumento de, por ejemplo, los servicios básicos y de la gasolina.
Rafael Arráiz Lucca, historiador y profesor universitario, explicó que las decisiones tomadas por Pérez eran las que debía tomar para poder estabilizar la economía en Venezuela; sin embargo, considera que el error estuvo en prometer algo y luego anunciarles a los ciudadanos lo contrario a lo que esperaban.
“Pérez gana montado sobre el mito que él representaba para Venezuela (la abundancia de su primer mandato); entonces, cuando comienza a ajustar, hubo un choque entre sus votantes y la realidad”.
Venezuela, para ese momento, era una referencia para la región luego de superar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y conformar un gobierno de partidos gracias a la firma del Pacto de Punto Fijo, que permitió instaurar un sistema democrático que fue reconocido por líderes de todo el mundo. Aun así, el país sufría, para la década de los años 80, el declive del bipartidismo entre Acción Democrática y Copei, el debilitamiento del centralismo y la desconfianza de los ciudadanos hacia el poder.
El 26 de febrero de 1989, el ministerio de Energía y Minas anunció el aumento de 30% de los precios de la gasolina y de las tarifas del transporte público urbano y suburbano, que entrarían en vigencia el lunes 27.
El estallido social conocido como el Caracazo no tenía antecedentes. Arráiz Lucca refiere que ni el gobierno de CAP ni la sociedad caraqueña de entonces estaban preparadas para un conflicto de esa magnitud. Este 2019 se cumplen 30 años de aquellos sucesos y aún muchos teóricos se debaten entre la espontaneidad del Caracazo o la posibilidad de que algunos actores políticos hayan inducido los disturbios. También en 30 años ha cambiado el modus operandi de los organismos de seguridad del Estado y las maneras de protestar de la sociedad civil.
Difícil de evaluar
Yaidik Martínez tenía 21 años en aquel momento y vivía en la parroquia Caricuao, sector popular del sur caraqueño. Admite que le cuesta evaluar los escenarios de aquel momento luego de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, incluyendo las protestas de la oposición a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 2002, 2014, 2017 y nuevamente en 2019.
Sin embargo, recuerda sentirse impresionada al ver a muchos hacerse con el inventario de panaderías, charcuterías y supermercados, cuyos dueños eran los vecinos de toda la vida. Desde la ventana de su casa, en el piso 13, veía a funcionarios policiales arremeter contra manifestantes.
Un día de esa semana, abrió la puerta de su casa y un militar estaba justo enfrente esperando para entrar al apartamento de su vecino que, según cuenta, estuvo involucrado en los saqueos. A su casa también entraron una vez. Un grupo de armados registró todo el lugar, estaban Yaidik y su hermano menor; su mamá estaba trabajando.
— ¿Usted qué se robó?
— Nada.
— O sea, ¿todo el mundo salió a saquear menos usted?
Aunque Yaidik asegura que los militares fueron respetuosos en su casa, afuera seguían las detonaciones y el caos.
Incuantificable
No hay cuantificadores que permitan medir el impacto de las fuerzas represoras durante el Caracazo; la cifra de muertos y heridos sigue siendo una incógnita. El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) registró 380 víctimas mortales identificadas correspondientes a los disturbios generados entre el 27 de febrero y el 1° de marzo, pero no es una cifra definitiva; los reportes oficiales precisaron 276 muertes y más de 3.000 desaparecidos.
El uso de las fuerzas también ha ocasionado muertes en esta década. Durante las protestas antigubernamentales de 2017, fueron asesinadas más de 150 personas en 120 días, de acuerdo con el registro de organizaciones como Provea. Los activistas de derechos humanos responsabilizan a funcionarios de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y civiles armados conocidos como colectivos chavistas.
Aunque los métodos de represión se han sofisticado y las redes sociales visibilizan las violaciones a los derechos humanos, Leoncio Barrios, psicólogo y analista social, considera que «represión es represión» sea cual sea el escenario y la época. Además, refiere que no se puede comparar el estallido social del 27 de febrero con las protestas en contra de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Luego de 30 años, Barrios expone varias diferencias. En primer lugar, para ese momento Venezuela no tenía referencia de alguna explosión social; ahora, solo en enero de 2019, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró 2.573 manifestaciones, lo que en cifras significa 86 protestas diarias en todo el país.
Previo al Caracazo, no había organizaciones que denunciaran las violaciones de derechos humanos, hasta que Cofavic cuantificó las muertes de ese lapso, lo que impide hacer comparaciones con el presente para determinar si la represión se ejerce ahora en mayor o menor medida.
Según el Ovcs, durante las últimas dos semanas de enero, arreció el comportamiento de los cuerpos de seguridad y se sumó la participación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), en total, fueron asesinados 35 manifestantes, además, hubo ocho víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos ilegales.
Para el segundo mandato de Pérez, si bien Venezuela estaba sumida en una recesión económica, el venezolano tenía acceso a los servicios básicos y el poder adquisitivo le permitía costear la canasta alimentaria. Para 2018, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) determinó que 46% de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza; además, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), para el último trimestre de 2018, calculó el precio de la canasta básica familiar en 600 dólares sobre un salario mínimo que no superaba los 10 dólares.
Finalmente, Barrios insiste en que es difícil responder a la pregunta de por qué hubo un estallido entonces y ahora no: “Para mí, el Caracazo fue una reacción emocional, muy primitiva. Ahora, hay una sociedad civil más organizada. La gente está más consciente de sus derechos vulnerados”.
La participación de las Organizaciones No Gubernamentales le ha dado visibilidad a la actuación de las Fuerzas Armadas y expone la violación del derecho a la vida, a la participación política y a la libertad de expresión. A eso se suman la globalización y la influencia de las redes sociales en la vida de los ciudadanos. Para 1989, estos factores no existían, de allí la imposibilidad de comparar escenarios en su totalidad.
Según la organización Control Ciudadano, entre 2015 y 2016, Venezuela redujo en 90% la compra de material militar respecto del mismo período entre 2013 y 2014; sin embargo, el Estado venezolano es el mayor importador de armamento de Latinoamérica.
Quizás el único elemento que acerca a ambas sociedades, con tres décadas de separación, es la reacción de los sectores populares. En 1989, los saqueos sucedieron en las zonas marginales de la capital, mientras los sectores de clase media se mantuvieron al límite.
Para Barrios, entre 2002 y 2017, por lo menos en la capital, las manifestaciones lideradas por la oposición estaban aún focalizadas hacia el este de la ciudad. En 2019, las protestas contra Nicolás Maduro, gobernante rechazado hoy por más de 50 países, comenzaron en el barrio Cotiza, luego de que un grupo de militares se sublevara, y dos días antes de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumiera las competencias del Poder Ejecutivo frente a una marcha multitudinaria el 23 de enero.
Luego de que los habitantes de Cotiza, motivados por el alzamiento militar, mostraran su descontento, en sectores como Catia, San Agustín, La Candelaria, San Martín y Petare se registraron acciones de calle, sobre todo, durante las noches.
En 30 años, la represión ha avanzado, se ha modernizado y sofisticado, pero también la sociedad civil se ha vuelto más organizada, conoce sus derechos y garantías y maneja redes sociales. Esto ha permitido poner la mirada de la comunidad internacional sobre Venezuela, especialmente desde que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante las sentencias 155 y 156, asumiera las competencias del Parlamento en marzo de 2017.
Luego del Caracazo, Arráiz Lucca considera que la sociedad venezolana sufrió heridas que ningún gobierno pudo sanar: “La generación de entonces había crecido creyendo que la sociedad venezolana era pacífica. Sorprendía ver que eso pasara”.
A Yaidik y a Nicola también les impactó ver cómo, a pesar de vivir en sectores populares, en los que las necesidades nunca faltaron, pero tampoco las ganas de trabajar, muchos mostraron su descontento con el gobierno de Carlos Andrés Pérez saqueando negocios propios de las comunidades a los que habían ido a comprar toda la vida.
“Fue impactante ver de qué era capaz la gente y de qué eran capaces los militares también”, reflexiona Yaidik. Para Barrios es importante insistir en rechazar el uso de la fuerza para amilanar el ánimo colectivo: “Represión es represión, antes y ahora, aquí y en donde sea”.
Nicola cree que los venezolanos se han estado preparando durante años para ser agentes de cambios políticos. Siente que ahora la sociedad civil respalda al Presidente (E) Juan Guaidó porque este ha marcado una ruta clara; para él, atrás quedaron la incertidumbre y el miedo: “Ahora todos están más organizados, (los líderes opositores a Maduro) están haciendo las cosas con más calma. Guaidó ha planteado manifestaciones concretas y creo que por eso la gente se ha motivado”.
Recuerda todavía la sensación en el rostro producto de los gases lacrimógenos que experimentó durante las movilizaciones de 2017; nunca se ha cansado de expresarse y, asegura, menos ahora que hay objetivos certeros. Hace referencia a lo que se ha convertido en una suerte de mantra para el presidente del Parlamento: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Además, siente que han bajado los niveles de violencia entre ciudadanos; pareciera haber ahora más cooperación.
Cree que las marchas multitudinarias convocadas por los diputados venezolanos generan un impacto frente a la comunidad internacional. “A ellos les afecta que el mundo vea miles de personas marchando en su contra”.
Yaidik, por su parte, considera que los ciudadanos que buscan un cambio de gobierno lo han demostrado, incluso, con nuevas formas de protestas: “Creo que ha quedado clara la posición de la mayoría y los ciudadanos hemos cumplido con expresar nuestro pensamiento de la forma en la que hemos podido: marchando firmando, caceroleando y hasta bailando”.
Sin embargo, le parece que, pese a la resistencia de la ciudadanía, los resultados no han sido los esperados hasta ahora. Ve en Juan Guaidó a un líder capaz de motivar a muchos que, como ella, estaban “dormidos” desde hace mucho tiempo, devolvió la esperanza, cuenta Yaidik.
“La gente venezolana tiene muchas ganas de cambiar y de hacer cosas”, insiste.
Aunque para ella, la mayoría de la población venezolana ha asumido la forma de resistencia más contundente: trabajar y estudiar para evitar que las cosas se degraden más; “eso ayuda a mejorar la calidad de vida”, refiere. Estudiar, graduarse, mantenerse, aun cuando los servicios públicos son precarios y el costo de la vida dificulta, incluso, el pago de matrículas o materiales, es la mejor manera de protestar para Yaidik.
