Caracas.- 298 violaciones a la libertad de buscar y difundir información ha registrado la Asociación Civil Espacio Público desde el pasado 16 de marzo, cuando se inició la cuarentena por COVID-19 en Venezuela. Y de acuerdo con cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), al menos 33 detenciones corresponden a ciudadanos que cumplen funciones en medios de comunicación.
En su informe más reciente, publicado en mayo, el sindicato detalla que la cuarentena por coronavirus ha implicado el debilitamiento de la libertad de expresión, derecho establecido en el artículo 57 de la Constitución, así como la “casi extinción de las garantías para el derecho a la información”.
Los funcionarios de seguridad del Estado, específicamente los guardias nacionales, son los responsables de 26 de los 57 hechos que afectan la libertad de prensa y el derecho al trabajo al obstruir la labor, de acuerdo con el documento del Sntp, que además registra 21 casos de hostigamiento verbal e intimidación, 9 casos de censura y casos de precarización del trabajo. Hasta este 5 de junio, 162 trabajadores de la prensa han sido afectados por la actuación arbitraria de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
De las 33 detenciones, 8 se produjeron en Miranda, 7 en Mérida, 7 en Distrito Capital, 3 en Vargas, 2 en Táchira, 2 en Zulia, 1 en Guárico, 1 en Cojedes, 1 en Apure y 1 en Delta Amacuro.
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Destaca el arresto del periodista Darvinson Rojas, a quien funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) le allanaron la vivienda en Caracas, lo sacaron a la fuerza y lo mantuvieron detenido durante 12 días. Fue presentado ante un tribunal por haber cometido, supuestamente, los delitos de instigación al odio e instigación pública. La justicia lo procesó por publicar tuits sobre casos de COVID-19.
Entre las detenciones más recientes se encuentra la de Carol Romero, periodista del circuito FM Center, ocurrida en horas de la mañana del 4 de junio. La detuvieron funcionarios de la Guardia Nacional, quienes además la golpearon. Estuvo bajo la figura de desaparición forzada hasta la mañana del 5 de junio, cuando fue llevada a tribunales para la audiencia de presentación por el delito de alteración del orden público. Aunque la jueza desestimó la acusación, se seguirá investigando a la periodista, que registraba una discusión entre autoridades militares y ciudadanos que se encontraban en una estación de servicio en El Junquito.
De igual forma, en la mañana de este viernes 5, cuatro miembros del equipo de VPI TV que se encontraban registrando la información en la estación de servicio de Chuao, en el municipio Baruta, fueron detenidos durante más de una hora por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sus equipos, credenciales y cédulas fueron devueltos.
Las detenciones se producen en medio de protestas por fallas en algún servicio público o mientras se registran las colas para surtirse de combustible. Es el caso del periodista Alexander Zerlin, de la emisora Rumbera 947 FM, quien fue arrestado por la guardia cuando intentaba echar gasolina. En el momento se le acusó de liderar una protesta en una de las estaciones de servicio de San Carlos, estado Cojedes, pero fue liberado.
También se registran estos arrestos o actos de intimidación por publicar información referente al COVID-19, como le ocurrió a la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Borges, quien fue interrogada con base en una denuncia interpuesta por el gobernador, Jorge Luis García Carneiro, y el alcalde Alejandro Terán, por dar a conocer el noveno caso positivo de COVID-19.
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