A Silva le imputaron en 2020 ocho cargos de violencia contra la mujer | Foto: archivo
Maturín.- Faltan pruebas: así le dijo una funcionaria del Ministerio Público a una joven que fue a denunciar el abuso sexual que sufrió cuando era niña. La negativa de abrir una investigación ocurrió en 2018, cuando la víctima cumplió la mayoría de edad y decidió denunciar a su primo, el agresor.
Se trata de una denuncia formulada por la Organización no Gubernamental Defiende Venezuela a través de una nota de prensa, este lunes 25 de octubre. En el texto, la organización refiere que la muchacha acudió a la sede del Ministerio Público en Maturín, estado Monagas, donde “la funcionaria que la atendió se negó a abrir una investigación o siquiera levantar un expediente, alegando falta de pruebas”.
El caso al que hace referencia Defiende Venezuela ocurrió cuando la víctima tenía 7 años, quien fue abusada durante tres años. Para ese entonces, el agresor le doblaba la edad. El primo usaba a su hermana para que vigilara mientras él cometía el abuso y luego la obligaba a quedarse con la niña. Todo ocurrió en la casa de la abuela materna de la víctima, ubicada en el estado Sucre.
En 2010, la niña viajó a Maturín, al oriente de Venezuela, para vivir con su mamá. Y, los ataques se repetían cada vez que regresaba para visitar a su abuela. Defiende Venezuela explica en el texto que la familia de la víctima nunca se enteró, porque el agresor la mantuvo amenazada con represalias hacia ella o hacia su familia durante todo ese tiempo.
Sobre la actuación del Ministerio Público ante este caso, El Pitazo consultó este lunes 25 de octubre al abogado de Defiende Venezuela, Alfredo Félix, quien explicó que desde la perspectiva de los derechos humanos, “con esta inacción el Estado incumple con su obligación internacional de prevenir e investigar violaciones de derechos humanos, así como su obligación de sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Félix también considera que con esto el Ministerio Público no sólo aumenta la impunidad sino también la discriminación estructural contra la mujer, “que se ha visto demostrada a nivel procesal en casos como el de Linda Loaiza”, ejemplifica. Aunque no tienen registros sobre la cantidad de casos similares al de esta joven, refiere que es una práctica común.
“Más allá de las afectaciones obvias, como la falta de sentencia y persecución, este tipo de situaciones crean inseguridad en las sobrevivientes y su confianza sobre la sociedad. Así mismo, hace más difícil el proceso de resocialización y manejo del trauma. La poca accesibilidad a la justicia puede resultar demoledora al proyecto de vida de las sobrevivientes”, expuso.
Si leíste todas estas líneas y quiere denunciar algún caso similar, Defiende Venezuela puso a su disposición este correo electrónico para que lo expongas: dv.rgajardo@gmail.com. Félix también mencionó que existen distintas organizaciones venezolanas que pueden apoyar con el tema, entre ellas la Red Naranja y este es su sitio web: www.rednaranja.com.ve.
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