Puerto La Cruz.- Han transcurrido dos años desde que Jhonny Velásquez sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras ejercía funciones para la empresa filial de Petropiar Costasur2021 R.L, desde entonces las acciones legales en contra de la firma han presentado retrasos y los representantes han esquivado todo tipo de responsabilidad al respecto.
La batalla la han vivido en carne propia la esposa y los tres hijos del trabajador, quienes lo han visto desvanecerse lentamente mientras es ignorado por quienes dirigen la filial para la cual trabajaba cuando ocurrió el accidente laboral.
«El día en el que mi esposo sufrió la descarga eléctrica el dueño de la trasnacional lo mandó con un empleado a la casa. Aquí llegó inconsciente y sin sus herramientas de trabajo. Desde allí tuve que iniciar una batalla para salvarle la vida a mi esposo, la cual aún no he ganado», contó Maira Rodríguez.
La docente, quien se vio en la necesidad de abandonar su puesto de trabajo para atender a su esposo, cuenta que no ha podido costear todos los tratamientos y exámenes que necesita Jhonny para su recuperación, por lo que la calidad de vida de la familia integrada también por dos infantes y un adolescente, se ha visto desmejorada, a tal punto de que hoy aseguran que viven en la desidia y el abandono.
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«Nos hemos concentrado en salvar la vida de mi esposo. La empresa filial trasnacional que trabaja para Petropiar, Costasur2021 R.L, pasó a ser Riotinto1223 R.L para esquivar la responsabilidad que tenían con el accidente laboral de mi esposo y hasta ahora nos han dejado solos en esta dura tarea y nos han amenazado», contó.
Maira recuerda que en más de tres oportunidades la han amenazado y perseguido para amedrentarla porque intenta hacer justicia por el hecho, y no ha descansado para obtener una indemnización que le permita salvar la vida de quien un día fue el pilar de su hogar.
«Hemos visto como han manipulado el proceso legal, han aplicado retardo procesal y nos han ignorado. Tenemos más de un año esperando por el acto acusatorio contra el responsable legal de la empresa Franklin del Valle Rojas Payare y contra el resto de los directivos y se active de una vez por todas el acto de indemnización, pero parece que existe una manipulación con este caso. Hasta ahora me han ignorado y ya no me quieren atender ni en la fiscalía. Me siento atada de manos e impotente. Mi esposo se muere lentamente sin poder ayudarlo», indicó Maira con lágrimas en los ojos.
Jhonny Velásquez tiene una neuropatía sensitiva motora crónica progresiva por descarga eléctrica, cuadriparesia grado seis y discapacidad severa, según el informe médico realizado hace un año, tiempo en el que aún no presentaba desnutrición aguda.
Maira hace un llamado al gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, y a la alcaldesa de Sotillo, Herminia García Ron, para que atiendan su caso con urgencia porque asegura que la vida del grupo familiar está en riesgo.
«Necesitamos ayuda, medicamentos y alimentos, mi esposo se está muriendo, mis hijos están padeciendo toda esta situación y ya no encuentro qué más hacer. Mientras tanto los representantes de la empresa trasnacional se siguen burlando de nosotros en sus lujosas quintas y apartamentos que han obtenido del desfalco a la estatal petrolera. Nosotros vivimos en una casa en Puerto La Cruz en la que nos pidieron desalojar porque es de alto riesgo y en cualquier momento todo se viene abajo», refirió.
