Puerto La Cruz.- Han transcurrido cuatro años desde que Jhonny Velásquez recibió una descarga eléctrica mientras laboraba para la empresa contratista de Petropiar, Costasur R.L, la que hasta la fecha no se ha hecho responsable por el accidente sufrido en el campo Guaraguao del municipio Sotillo, zona norte del estado Anzoátegui.
Hoy se encuentra inmóvil en la habitación de su hogar, el mismo que funcionarios de Protección Civil declararon inhabitable debido a las condiciones en las que se encuentran sus paredes; sin medicamentos, sin alimentos y acompañado de su esposa e hijos de 16, seis y tres años de edad que poco a poco lo han visto desvanecer.
“Yo no me quiero morir. Quiero ver crecer a mis hijos, graduarse y progresar, pero en mi caso no se ha hecho justicia y los más afectados son ellos que hoy no tienen ni qué comer. Mi esposa debe salir a hacer trueques para que ellos puedan alimentarse”, dijo entre lágrimas Velásquez mientras sus dos pequeños lo observaban atentos con la esperanza de verlo recuperarse.
Mayra Rodríguez es su esposa y es quien ha tenido que salir al paso para sostener su hogar, pero el pasado 16 de enero perdió su trabajo tras el cierre del Abasto Bicentenario en Puerto La Cruz donde laboraba hace más de cuatro años y con el cual garantizaba, al menos, un alimento al día a su hijos.
Los hechos
Velásquez contó que todo ocurrió el 22 de agosto de 2016, cuando realizaba trabajos de reparación en una vivienda que asignarían a uno de los gerentes de Costasur R.L, empresa a la que luego le hicieron una modificación del nombre para pasar a ser Global Company y posteriormente cambiada a Río Quinto, todas dirigidas por la misma directiva.
“Estaba trabajando bajo la dirección de José Gregorio Laya, socio de la empresa filial. Ese día le entregué una lista de materiales que me faltaban para continuar el trabajo y lo que recibí fue un ataque verbal y poco a poco se tornaba agresivo. Intenté alejarme de sus gritos pero tropecé con un cable y recibí una descarga eléctrica que me tumbó al suelo”, recuerda el técnico en refrigeración.
Tras el accidente sufrido, Velásquez fue trasladado por Laya hasta su residencia, donde tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial por su esposa, Mayra Rodríguez, quien se vio en la obligación de costear todos los gastos tras la negativa que tuvo el socio de la empresa filial responsable, José Gregorio Laya.
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Desde ese entonces Mayra se convirtió en el pilar fundamental de su hogar. Le ha tocado llevar a su esposo hasta el Ministerio del Trabajo, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y a los centros asistenciales para sus evaluaciones médicas.
A Velásquez le diagnosticaron neuropatía sensitiva motora progresiva por descarga eléctrica que actualmente presenta cuadriparesia grado seis y severa discapacidad, según especifican especialistas en los cuatro informes que le han realizado desde que sufrió el accidente laboral.
Doble dolor
Jhonny Velásquez permanece acostado en una cama individual que ya perdió la forma debido a la dificultad que tiene para moverse, con escaras en parte de su cuerpo y siendo observado por sus pequeños de tres y seis años de edad que por falta de televisor no tienen cómo entretenerse. Ambos chiquillos han tenido que cuidar a su padre mientras Mayra sale en la búsqueda de alimentos y calmantes.
Y mientras esto ocurre en la humilde vivienda ubicada en el sector Los Boqueticos de Puerto La Cruz la empresa filial de Petropiar comienza a prestar servicios a trasnacionales y continúa con sus labores habituales como si nada hubiese ocurrido.
“Mis hijos no van a la escuela porque no tengo como darles desayuno y tampoco uniforme que colocarles. Ellos solo intentan buscar una explicación de lo que me ocurre en medio de su inocencia. Yo quiero volver a ser el hombre fuerte que era antes para ayudar en mi hogar” resaltó Velásquez.
Mayra Rodríguez contó que hasta ahora se han enfrentado a múltiples obstáculos que les genera retrasos en el proceso legal que llevan en contra de la empresa y del socio antes mencionado. Cada vez ven más lejos la indemnización que requiere Velásquez para recibir el tratamiento requerido que le permita experimentar una mejoría.
“La única ayuda que ha recibido mi esposo es una silla de rueda y unos pañales que le entregaron representantes de la fundación Pueblo Soberano, luego de que se dirigiera al Palacio de Miraflores y durmiéramos un día afuera para pedir justicia por el caso”, aseguró Mayra.
Con copias certificadas y originales en mano Velásquez ha documentado la destitución de dos fiscales del Ministerio Público, incongruencias en exámenes médicos forenses y decisiones equívocas de entes judiciales a quienes exige “justicia”, pues actualmente le impidieron el acceso al expediente que introdujo ante el Ministerio Público y al cual legalmente tiene acceso por ser la víctima.
“Vivimos bajo las amenazas que continuamente recibimos por parte de personas que nos exigen que dejemos ese caso hasta allí, pero nosotros no tenemos miedo, queremos justicia porque es la única manera de seguir viviendo y darle una estabilidad a sus hijos.
